El 19 de septiembre, la conferencia de prensa del NTF-Elcac (Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local) fue aparentemente contraproducente después de que dos activistas medioambientales desaparecidos se presentaran al público como "rendidos" para revelar que habían sido secuestrados y torturados por el ejército. Las declaraciones de los activistas medioambientales Jonila Castro y Jhed Tamano en la rueda de prensa pillaron desprevenido al NTF-Elcac, que borró inmediatamente la transmisión en directo de su cuenta de Facebook.

Sentada junto al oficial al mando del 70 Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas (IBPA), Castro afirmó que fueron secuestradas por soldados y que les hicieron firmar declaraciones juradas bajo coacción dentro de un campamento militar. Tamano confirmó la revelación de Castro, afirmando que no se entregaron voluntariamente a las autoridades, sino que fueron amenazados para que lo hicieran. 

En respuesta, el NTF-ELCAC dijo "sentirse traicionado y engañado". El organismo afirmó que comparte la postura del 70º IBPA, y llegó a afirmar que los dos "repitieron como loros las líneas propagandísticas de los grupos de izquierda sobre el supuesto secuestro por las fuerzas de seguridad".

La valentía de los dos defensores del medio ambiente frente a la represión descarada "es claramente digna de elogio y emulación", según Marco Valbuena, Jefe de Información del Partido Comunista de Filipinas (CPP).

Castro aprovechó la ocasión para poner de relieve las repercusiones de la rehabilitación de la bahía de Manila en las comunidades de pescadores y cómo las fuerzas del Estado ejercen la violencia para intimidar a quienes se resisten.

Como señaló acertadamente Tamano, no son los únicos que desaparecieron por la fuerza. Bajo el gobierno de Marcos Jr., el grupo de derechos humanos Karapatan documentó otras ocho víctimas de desapariciones forzadas desde julio de 2022. 

"El desafío de Jhed y Jonila frente a la intimidación militar directa es un duro golpe para el gobierno de Marcos-Duterte y sus secuaces fascistas de la NTF-Elcac y las AFP", declaró el Frente Democrático Nacional de Filipinas en un comunicado. Según el NDFP, el incidente puso aún más de manifiesto el papel de la NTF-ELCAC en la propagación de mentiras para justificar violaciones de derechos humanos como secuestros, detenciones, cargos falsos e incluso ejecuciones extrajudiciales. En un estudio de 2021, Karapatan afirmó que al menos 427 activistas fueron marcados con una etiqueta roja antes de ser asesinados.

El 28 de septiembre, los abogados de Castro y Tamano presentaron ante el Tribunal Supremo un recurso de amparo y de hábeas data solicitando protección temporal para los dos activistas y sus familias ante las amenazas contra sus vidas.

El recurso de amparo es una protección que ofrece el Tribunal Supremo a personas o grupos cuya vida, libertad y seguridad se ven amenazadas por agentes del Estado.  El recurso de habeas data obliga a los organismos estatales a revelar y destruir todos los documentos o información que el ejército y la policía hayan recabado contra dichos individuos y grupos.

Por otra parte, la Oficina del Defensor del Pueblo ha declarado culpables a los ex portavoces del NTF-Elcac, el teniente general retirado Antonio Parlade Jr. y la ex subsecretaria Lorraine Badoy, de "conducta perjudicial para los intereses del servicio por etiquetar en rojo a activistas y organizaciones".

En una decisión firmada por el Defensor del Pueblo, Samuel Martires, el pasado 9 de agosto, Parlade y Badoy fueron amonestados después de que el Defensor del Pueblo considerara fundada la queja de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL).