El pasado 5 de febrero, un total de 215 legisladores de la Cámara de Representantes de Filipinas firmaron una denuncia de destitución contra la vicepresidenta Sara Duterte. Aunque el Congreso votó finalmente a favor de la destitución de Duterte, cabe señalar que Marcos Jr. retrasó y sorteó cuidadosamente el proceso de destitución, asegurándose de que su administración se había asegurado la lealtad de los militares y había calmado las tensiones para evitar alarmar a los inversores extranjeros, todo ello bajo la atenta mirada de sus patrocinadores imperialistas estadounidenses. Al final, sin embargo, no fue el cálculo político de Marcos Jr. sino la fuerza de la indignación popular lo que hizo inevitable la destitución de Duterte.

Antes de esto, el ex presidente Rodrigo Duterte fue desenmascarado convincentemente como facilitador y participante en las atroces ejecuciones extrajudiciales en su falsa guerra antidroga. Una encuesta de febrero de 2024 mostró que la mayoría (59%) de los filipinos está a favor de que el país vuelva a la Corte Penal Internacional, donde Rodrigo Duterte está acusado de crímenes contra la humanidad. En 2019, el entonces presidente Duterte anunció que el país abandonaba la CPI. Por otra parte, la denuncia de destitución contra Sara Duterte se basaba en graves irregularidades en el desembolso de 612,5 millones de pesos de sus fondos confidenciales y más tarde se negó a cooperar en las audiencias del Congreso.

Con este último acontecimiento en el Congreso, los Duterte se encuentran realmente en su momento más débil hasta la fecha. La destitución de Sara Duterte es un duro golpe político para una de las dinastías políticas más notorias del país, pero la lucha no termina aquí. Aunque es necesario centrar el golpe más fuerte en el objetivo más estrecho -los Duterte, que han construido su poder sobre la brutalidad, la corrupción y la impunidad-, no debemos perder de vista el hecho de que la administración de Marcos Jr. es igual de culpable. Puede que Marcos Jr. haya permitido la destitución de Duterte para su propia supervivencia política, pero su administración sigue siendo profundamente cómplice del sufrimiento continuado del pueblo filipino. Sus políticas económicas favorecen a los inversores extranjeros y a la élite, mientras dejan a los trabajadores y agricultores luchando en condiciones cada vez peores.

Bajo la dirección del imperialismo estadounidense, el gobierno de Marcos Jr. sigue financiando operaciones militares que causan estragos en el campo, atacando a activistas, campesinos y comunidades de minorías nacionales en nombre de la «contrainsurgencia».

Marcos Jr. también ha demostrado ser un fiel títere del imperialismo estadounidense, estrechando los lazos militares mediante la ampliación de las bases en virtud del Acuerdo de Cooperación para la Defensa Reforzada (EDCA) y alineando aún más a Filipinas con los intereses geopolíticos de Washington. Este servilismo garantiza que las empresas extranjeras sigan saqueando los recursos del país mientras la población soporta la carga de la pobreza, la falta de tierras y los desplazamientos.

Puede que la camarilla de Duterte se haya debilitado momentáneamente, pero el sistema más amplio de opresión y dominación imperialista permanece intacto. El pueblo filipino debe permanecer vigilante, no sólo para que los Duterte rindan cuentas, sino también para garantizar que Marcos Jr. y su régimen también rindan cuentas. El pueblo filipino celebra con razón la destitución de Sara Duterte como paso inicial para exigirle responsabilidades por corrupción y destituirla. Sin embargo, la destitución coincidió convenientemente con el aplazamiento de la sesión del Senado, lo que retrasó la siguiente fase del proceso. Esto sólo refuerza la necesidad de acciones de masas sostenidas e intensificadas para garantizar que el Senado se reúna sin demora, y que el tribunal de destitución proceda con el juicio de Duterte inmediatamente. La vigilancia y la fuerza colectiva del pueblo siguen siendo cruciales para que esta lucha por la justicia se desarrolle hasta el final.