La detención del consultor de paz del NDFP Porferio Tuna por las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) el 2 de octubre en Tagum City y la detención de Simeon «Ka Filiw» Naogsan en Ilocos Norte el 21 de octubre son claras violaciones del Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG). Sus detenciones ilegales suscitan dudas sobre la sinceridad del gobierno a la hora de buscar una solución al conflicto armado que dura ya décadas en Filipinas. El JASIG es un acuerdo crucial fruto de las negociaciones de paz entre el NDFP y el Gobierno de la República de Filipinas (GRP). Garantiza la seguridad de quienes participan en las negociaciones de paz.
Ka Filiw es el portavoz del Frente Democrático Popular de la Cordillera (CPDF), organización aliada del NDFP. Ka Filiw ha luchado activamente por una auténtica autonomía y autodeterminación de los pueblos de la Cordillera, oponiéndose a los grandes concesionarios mineros y a las empresas de infraestructuras que invaden las montañas y los ríos de la Cordillera.
Como consultor del NDFP, especialmente durante las negociaciones de 2016, Tuna aportó información crucial sobre las condiciones de los campesinos, los trabajadores de las plantaciones y las minorías nacionales en el sur de Mindanao. Sus contribuciones ayudaron a dar forma al proyecto de Acuerdo General sobre Reformas Socioeconómicas (CASER) del NDFP, que tiene como objetivo abordar las causas profundas del conflicto armado, entre otras cosas resolviendo la falta de tierras, la explotación, la pobreza y la falta de empleo e industrias nacionales.
Al detener a Tuna y Naogsan, el gobierno de Marcos obstruye de hecho el camino hacia reformas socioeconómicas significativas en el proceso de paz. Las detenciones de Tuna y Naogsan son un claro acto de represalia. Los cargos presentados contra ellos son todos casos inventados, lo que contradice directamente las garantías ofrecidas por JASIG. Firmado en 1995 por representantes del GRP y del NDFP, el JASIG garantiza explícitamente que los negociadores de paz y su personal estarán libres de arrestos, detenciones o acoso para asegurar la continuidad e integridad de las conversaciones de paz.
Dentro de la cárcel, los informes indican que Tuna está siendo sometido a intensas torturas psicológicas, coaccionado por oficiales militares y traidores que trabajan para el régimen de Estados Unidos y Marcos. Estas tácticas inhumanas ponen de manifiesto la brutal estrategia del GRP, que lleva mucho tiempo utilizando el encarcelamiento político, el acoso, la intimidación, los secuestros y la tortura para silenciar a los críticos y disidentes.
Tampoco es la primera vez que el GRP viola el JASIG y otros acuerdos de paz en los últimos años. La detención de Naogsan y Tuna forma parte de un inquietante patrón de desprecio absoluto del GRP por los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones. El asesinato de los consultores de paz del NDFP Wilma y Benito Tiamzon en agosto de 2022 es un ejemplo flagrante del desprecio del GRP por el JASIG, el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (CARHRIHL) y otros acuerdos de paz. Al parecer, los Tiamzons, altos cargos del NDFP, fueron capturados, torturados y ejecutados sumariamente por las AFP. El caso de Concha Araneta, consultora de paz del NDFP y miembro del Comité Conjunto de Supervisión con sede en la isla de Panay, sigue el mismo patrón mortífero. Araneta, figura destacada en las conversaciones de paz, también fue asesinada por las fuerzas estatales en agosto de este año. Del mismo modo, la ejecución extrajudicial de los consultores de paz Randall Echanis y Ericson Acosta en 2020 y 2022, respectivamente, pone de manifiesto la continua campaña de violencia del gobierno contra quienes participan en el proceso de paz.
Además de estos asesinatos de alto nivel, en los últimos años se ha detenido, secuestrado y hecho desaparecer forzosamente a innumerables consultores de paz del NDFP. Muchos siguen en paradero desconocido, en lo que constituye un ataque sistemático contra el grupo negociador del NDFP, sus negociadores y consultores. Si el régimen de Marcos se toma realmente en serio la resolución del conflicto armado en Filipinas, debe poner fin a los ataques patrocinados por el Estado contra los consultores de paz, defender el JASIG y demostrar su compromiso con el proceso de paz liberando inmediatamente a Porferio Tuna, Simeon Naogsan y todos los demás presos políticos.