EDITORIAL. Año 4, Numero 12. 7 de diciembre 2022.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. declaró sin ambages el 8 de noviembre que el programa de modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas continuará durante su mandato. En el mismo aliento, cita el "terrorismo" como justificación para utilizar el dinero de los contribuyentes para comprar más capacidad de sistemas de lucha nocturna, aviones de transporte, helicópteros adicionales con capacidad de vuelo nocturno y más equipos de comunicaciones y vigilancia para las fuerzas policiales y militares.
Estas declaraciones son despreciables teniendo en cuenta los incesantes ataques militares contra las comunidades rurales de Filipinas. Por ejemplo, en la madrugada del 6 de noviembre, la 203ª Brigada de Infantería de las AFP llevó a cabo bombardeos de artillería y ametrallamientos en los pueblos de Rizal, Aguas y Pitogo, en la ciudad de Rizal, provincia de Mindoro Occidental. La unidad local del Nuevo Ejército del Pueblo informó de que al menos 8.000 residentes se vieron obligados a huir de sus hogares para buscar refugio de los ataques terroristas. El bombardeo actual tiene lugar apenas un mes después de que las Fuerzas Armadas de Filipinas bombardearan el interior de Mansalay, Mindoro Oriental, aterrorizando a varias comunidades indígenas mangyan, con unos 6.000 residentes.
A principios de octubre, las Fuerzas Armadas sometieron a los residentes de la ciudad de Himamaylan, en Negros Occidental, a incesantes bombardeos, desatando su frustración contenida por el fracaso de las operaciones militares. Como consecuencia de los bombardeos, al menos 3.650 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares, lo que llevó al gobierno local a declarar el estado de calamidad.
Desde el 19 de octubre, operaciones de combate de varias semanas de duración están surcando las localidades de Toboso y Calatrava y la ciudad de Escalante, en Negros Occidental, perpetradas por contingentes armados de las AFP y la 6ª Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Filipina. Estas últimas operaciones se suman a los crecientes casos de violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Marcos-Duterte.
Bajo las órdenes de su nuevo comandante en jefe, Marcos Jr., los agentes de seguridad del Estado están intensificando el terrorismo de Estado y los ataques contra el pueblo filipino. Aunque Marcos Jr. aduce "amenazas externas" como razón para agradecer el apoyo militar estadounidense, su silencio sobre las incursiones de China en el Mar de Filipinas Occidental indica lo contrario. En realidad, el régimen de Marcos II pretende explotar los fondos públicos y la ayuda militar extranjera para su brutal campaña de contrainsurgencia, victimizando a las comunidades campesinas e indígenas en el proceso.
La aceptación por parte de Marcos hijo de la ayuda militar estadounidense para la "modernización de las Fuerzas Armadas" lo expone fácilmente como un instrumento de la agresión exterior estadounidense. La verdadera intención es complacer los intereses imperialistas y belicistas de EEUU, con el fin de generar mayores beneficios para el complejo industrial militar estadounidense y alimentar los vanos intentos de aplastar el movimiento revolucionario armado. En todo caso, esto demuestra que Marcos Jr. -muy parecido a su padre- es una marioneta de las maquinaciones estadounidenses y, lo que es más importante, correrá la misma suerte que el difunto dictador.