Vol. VIII, No. 06 - 15 Agosto 2026

El régimen de Marcos Jr. quiere hacer creer al pueblo filipino que se toma en serio la búsqueda de la paz. Ahora afirma estar «abierto a conversaciones de paz» con el Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP). Sin embargo, estas declaraciones resultan huecas cuando se contrastan con la actuación real de su Gobierno. La paz no puede construirse sobre una retórica vacía mientras se intensifican las ofensivas militares, se criminaliza la disidencia política, los consultores de paz siguen encarcelados o son asesinados y el Estado prosigue una campaña de represión sin cuartel contra quienes considera sus enemigos.

La realidad es que el régimen de Marcos Jr. ha invertido mucho más en la guerra que en la paz. Bajo el pretexto de la contrainsurgencia, se siguen canalizando miles de millones de pesos hacia las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), mientras la NTF-ELCAC mantiene su campaña de red-tagging (señalamiento como «rojos»), acoso, vigilancia y persecución política contra activistas, sindicalistas, trabajadores de la Iglesia, periodistas y defensores de los derechos humanos. En abril de 2026, 19 personas fueron asesinadas en una operación militar en Toboso, Negros Occidental, un episodio que suscitó de inmediato numerosos interrogantes sobre las circunstancias de las muertes y sobre el abierto desprecio del Gobierno de Marcos por el derecho internacional humanitario. En otras zonas, los bombardeos aéreos y las operaciones de combate en comunidades rurales e indígenas han provocado desplazamientos de población, alterado los medios de subsistencia y dejado a comunidades enteras atrapadas en el fuego cruzado de la implacable campaña bélica del Gobierno. Estas no son las actuaciones de un Gobierno que esté preparando seriamente el terreno para unas negociaciones sustantivas.

En un plano más fundamental, el enfoque del Gobierno respecto de las conversaciones de paz sigue centrado en lograr la rendición del movimiento revolucionario. Si ha de existir una «agenda común», como sugiere el secretario Sarmiento, el régimen de Marcos debe abandonar primero su obsesión por la capitulación. Unas negociaciones de paz genuinas exigen reconocer que existen dos partes en un conflicto que buscan soluciones políticas a problemas políticos. No puede haber negociaciones significativas cuando una de las partes entra en el proceso exigiendo que la otra deponga primero las armas y renuncie a sus principios. El conflicto armado persiste porque persisten las condiciones que lo originaron.

Si Marcos Jr. desea sinceramente que se reanuden las conversaciones de paz, debe respetar los acuerdos alcanzados a lo largo de más de tres décadas de negociaciones. Esos acuerdos constituyen compromisos logrados con gran esfuerzo que establecieron el marco del proceso negociador. Ignorarlos demostraría que el régimen de Marcos no concibe las conversaciones de paz como un proceso serio, sino como un mero ejercicio de relaciones públicas. La credibilidad del Gobierno se ve aún más socavada por el encarcelamiento continuado de consultores de paz del NDFP y de cientos de presos políticos. La detención de personas que deberían estar protegidas por acuerdos vigentes, como el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad (JASIG), indica que el régimen de Marcos sigue apostando por la coacción y la represión incluso mientras adopta el lenguaje de la paz.

Las contradicciones dentro del propio régimen revelan aún más el vacío de sus declaraciones. Mientras el secretario Sarmiento habla de apertura, el secretario de Defensa, Gilberto Teodoro, y otros sectores de línea dura siguen promoviendo un discurso de victoria militar y derrota total del movimiento revolucionario.

La supuesta apertura del Gobierno también queda desmentida por su insistencia en mantener la designación de «terroristas» del CPP, el NPA y el NDFP. No se puede negociar seriamente la paz y, al mismo tiempo, criminalizar a las propias partes con las que se pretende negociar.

En última instancia, la sinceridad del Gobierno de Marcos se juzgará por su disposición a desmantelar las barreras que tanto esta como las anteriores administraciones han levantado contra unas negociaciones significativas. Se juzgará por si libera a los consultores de paz y a los presos políticos detenidos, respeta los acuerdos existentes y abandona el desacreditado planteamiento de exigir la rendición antes del diálogo.

El pueblo filipino merece una paz justa y duradera. Una paz genuina exige afrontar las raíces del conflicto armado: la falta de tierras, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la corrupción y la dominación extranjera. Mientras el régimen de Marcos Jr. no demuestre voluntad de abordar estas cuestiones fundamentales, su supuesta apertura a las conversaciones de paz seguirá siendo vacía y poco convincente.