Vol. VIII, No. 05 - 15 Julio 2026

El lema oficial elegido por la administración de Marcos Jr. para el Día de la Amistad Filipino-Estadounidense de 2026 fue «80 años de historia y sacrificios compartidos». En los días previos a la celebración, un logotipo conmemorativo creado para la ocasión ocupó espacios de gran visibilidad, como el SM Mall of Asia Globe, mientras los comunicados oficiales de la embajada ensalzaban el legado de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Al coincidir con el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, la celebración de esta fecha por la comunidad filipino-estadounidense en ese país reviste una complejidad particular. Sin embargo, tras la pompa que rodea el 80.º aniversario del Tratado de Manila de 1946 se oculta una agenda política más profunda: las conmemoraciones están cuidadosamente concebidas para promover el relato del régimen de Marcos Jr., respaldado por Estados Unidos, y encubrir el control que este último sigue ejerciendo sobre el archipiélago.

La independencia de Filipinas proclamada el 4 de julio de 1946 fue una farsa histórica. Constituyó una transición calculada del dominio colonial directo al neocolonialismo, un sistema en el que un país es independiente sobre el papel, pero cuya economía, fuerzas armadas y política exterior siguen sometidas a los dictados de su antigua potencia colonial.

Estados Unidos consolidó su control sobre la recién «independizada» república mediante una combinación de tratados desiguales y maniobras legislativas. La medida más flagrante fue la Ley Bell de Comercio de 1946. Con Filipinas literalmente reducida a escombros tras la Segunda Guerra Mundial, el país recibió un cruel ultimátum: Washington condicionó la entrega de 620 millones de dólares en fondos de rehabilitación, que se necesitaban desesperadamente, a la aceptación de la ley. Esta obligó a conceder los denominados «derechos de paridad», una humillación que exigía reformar la Constitución filipina para otorgar a las empresas estadounidenses los mismos derechos que a las filipinas en la explotación de los recursos naturales y los servicios públicos del país. Además, la entrada sin aranceles de productos estadounidenses asfixió la industrialización local y atrapó a Filipinas en un ciclo de dependencia basado en la exportación de materias primas baratas y la importación de costosas manufacturas estadounidenses.

Más allá del sometimiento económico, Washington afianzó su hegemonía militar. El Acuerdo sobre Bases Militares de 1947 concedió a Estados Unidos el arrendamiento durante 99 años de 23 instalaciones, incluidos grandes enclaves como la Base Aérea de Clark y la Base Naval de Subic Bay, en los que no regía la legislación filipina. Junto con el Acuerdo de Asistencia Militar, este pacto mantuvo a las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) en una dependencia estructural de la logística y la formación estadounidenses, subordinando de hecho la defensa del país a los intereses geopolíticos de Washington. Esta seudoindependencia apartó deliberadamente a las masas revolucionarias y entregó el poder a una clase dominante colaboracionista de terratenientes y capitalistas compradores. La élite oligárquica protegió de buen grado los intereses estadounidenses a cambio de respaldo político y protección frente a la agitación agraria interna, como la rebelión del Hukbo ng Bayan (Ejército Popular).

Ocho décadas de dominio neocolonial estadounidense han estado marcadas por la sucesión de trece presidentes títeres, desde Manuel Roxas y Ferdinand Marcos padre hasta la actual administración de Marcos Jr. Durante todo este periodo, el imperialismo estadounidense ha obstaculizado sistemáticamente el desarrollo de una economía filipina semicolonial y semifeudal. Al mantener el país subdesarrollado y sin industrializar, Washington preserva deliberadamente un sistema que facilita el saqueo de los recursos locales, garantiza superbeneficios y reserva un mercado cautivo para sus propios excedentes de producción.

Históricamente, Estados Unidos utilizó sus bases en Filipinas como plataformas de lanzamiento para sus guerras de agresión en Corea y Vietnam. Esta etapa de presencia permanente y manifiesta pareció concluir el 16 de septiembre de 1991, cuando el Senado filipino rechazó la prórroga del tratado sobre las bases, lo que condujo a la retirada formal de las tropas estadounidenses en 1992.

Sin embargo, aquella victoria histórica fue pronto neutralizada. El régimen títere de Benigno Aquino III, subordinado a Estados Unidos, sorteó la prohibición constitucional al presentar el Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de Defensa (EDCA) como un simple acuerdo ejecutivo y no como un tratado, evitando así su aprobación por el Senado. Bajo el actual régimen de Marcos Jr., también subordinado a Estados Unidos, esta maniobra se ha convertido en una amenaza a gran escala. Estados Unidos mantiene ahora nueve «emplazamientos acordados» del EDCA dentro de campamentos de las AFP. Estos se encuentran orientados estratégicamente hacia Taiwán y el mar de Filipinas Occidental, los principales focos de un posible conflicto armado entre China y Estados Unidos. Por todo el archipiélago ya se han desplegado avanzados sistemas de misiles estadounidenses capaces de alcanzar el territorio continental chino.

Aunque la rescisión de 1991 acabó con el estacionamiento permanente de tropas, el EDCA y el Acuerdo sobre Fuerzas Visitantes (VFA) lograron sortear esa restricción mediante la cortina de humo de una presencia «rotatoria». Con este pretexto, las fuerzas estadounidenses entran y salen constantemente del país para participar en ejercicios conjuntos. Pero, aunque el personal militar rota, la infraestructura permanente que construye, incluidos almacenes, cuarteles, depósitos de combustible y pistas de aterrizaje, así como el armamento pesado que acumula, permanecen en el territorio. En la práctica, se trata de una presencia militar continua, oculta bajo una denominación que la presenta como transitoria.

El régimen títere de Marcos Jr. es plenamente cómplice de este escenario bélico y ha situado a Filipinas en la primera línea de la estrategia de contención de Washington contra China, articulada en torno a la denominada «primera cadena de islas». Con ello expone temerariamente a millones de filipinos al peligro de una guerra abierta. Hoy más que nunca, el pueblo filipino debe tomar conciencia, organizarse y movilizarse en la lucha revolucionaria por una verdadera liberación nacional y social.