La Comisión Internacional Independiente para la Investigación de las Violaciones de Derechos Humanos en Filipinas (Investigate PH, por sus siglas en Inglés) publicó su Segundo Informe el 6 de Julio de 2021, revelando que las políticas del gobierno de Rodrigo Duterte "Han envalentonado tanto a la policía como al ejército para que masacren a los pobres y marginados", así como a aquellos que defienden los derechos de estas comunidades. El Informe resalta la "prevalente falta de remedios domésticos eficaces" contra estos crímenes patrocinados por el estado.
De acuerdo con Ms. Suzanne Adely, Alto Comisionado de Investigate PH y Co-Presidenta del Comité Internacional del Gremio de Abogados de los EEUU, la Orden Ejecutiva 70 de Duterte, o "Programa de Contrainsurgencia de toda la Nación" y el Acta Antiterrorista de 2020 son ejemplos principales de políticas que animan a las fuerzas de seguridad de Duterte a asesinar a ciudadanos filipinos pobres.
Investigate PH, compuesta por 17 eminentes personas del ámbito de la defensa de los derechos humanos, resalta en su Segundo Informe tres aspectos del "Estado de Terror en Filipinas": la guerra contra la disidencia, la guerra contra el pueblo Moro y la guerra contra los pobres, bajo el disfraz de "Guerra contra la droga".
Resalta también la falta de compensación por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno y la "rutina de encubrimiento" llevada a cabo por la Policía Nacional Filipina. La policía y los soldados, afirma, están ejecutando a disidentes políticos "de manera similar a las operaciones antidroga". Esta "represión institucionalizada" daña a la sociedad civil, desde a presuntos comunistas a iglesias e instituciones democráticas de larga tradición.
El informe enfatiza también que la "Guerra contra el Terror" respaldada por operaciones militares de los EEUU en Mindanao "ha fallado a la hora de distinguir entre civiles y combatientes", y ha causado el desplazamiento masivo de comunidades Moro. Las políticas del gobierno de Duterte, afirma, "menoscaban el derecho a la autodeterminación de las comunidades Moro" y son negligentes con las necesidades de las comunidades desplazadas.
La Alta Comisionada Rev. Dr. Susan Henry-Crowe, de la Iglesia Metodista de los EEUU, dijo que "Es difícil escuchar testimonios sobre que la asistencia militar de los US es cómplice de violaciones de derechos humanos. Es simplemente inaceptable".
Investigate PH hizo un llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y a los estados soberanos a exigir responsabilidad al gobierno de Duterte por las decenas de miles de asesinatos extrajudiciales, arrestos y detenciones ilegales y otras formas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Oficiales del gobierno de Duterte, dicen, deberían ser también responsabilizados de estas violaciones.
Llamaron también a la protección permanente de todos los testigos, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la academia y el ejercicio de deberes pastorales de los ministros religiosos.
Investigate PH prevé publicar su Informe Final en Septiembre de 2021. El Primer Informe fue publicado en Marzo de 2021.
Paralelamente, el Congreso Internacional de Sindicatos (ITUC, por sus siglas en inglés) publicó su Índice de Derechos Globales 2021 citando Filipinas en el Top 10 de peores países del mundo para los trabajadores. De acuerdo con el informe, ha habido demasiadas desapariciones y asesinatos de líderes y miembros sindicales, sancionados por el Presidente Duterte en sus discursos. ITUC resaltó que 28 representantes laborales han sido ilegalmente detenidos, mientras que siete fueron asesinados tan solo en el pasado año.
Confirmando las averiguaciones de ITUC, Elmer Labog, presidente de la central sindical Kilusang Mayo Uno, afirmó que "los trabajadores y líderes sindicales continúan siendo víctimas de asesinatos, señalamiento, seguimiento y arrestos por parte de las autoridades".