Un total de 103 personas: sociedad civil, organizaciones religiosas y individuos preocupados, firmaron una carta abierta conjunta el día 7 de junio, dirigida a la Corte Suprema Filippina y el Departamento de Justicía, expresando “profundo y urgente preocupación sobre los recientes asesinatos extrajudiciales, el acoso judicial, los arrestos arbitrarios y las detenciones y amenazas mediante etiquetado rojo en contra defensores y abogados de los Derechos Humanos, sindicalistas, sindicatos del sector público y organizaciones de despensas comunitarias en Filipinas”.

La carta abierta enumeraba graves delitos contra los Derechos Humanos, inlcuidos los asesinatos de líderes sindicales (Emmanuel Asunción y Dandy Miguel), líderes pescadores (Ana Mari y Ariel Evangelista), activistas urbanos  pobres (Melin Dasigao y Mark Bakasno) y argicultores indígenas (Abner Edward Esto y Puroy y Randy dela Cruz) en marzo del 2020.

El grupo condenó el arresto de la presidenta de la alianza por los Derechos Humanos de Karapatan, Elisa Lubi, y el hostigamiento judicial de otros oficiales de Karapatan. En una situación similar se encuentran Windel Bolinget, Jong Monzon,  el obispo de la iglesia Unida de Cristo en Filipinas (Hamuel Tequis) y Lindy Panucho.

Estos han sido solo los últimos en el alarmante y contínuo patrón de criminalización y violencia en contra de las y los defensores de Derechos Humanos en Filipinas, ha enfatizado el grupo.

Aparte de los grupos filipinos por los Derechos Humanos, la carta abierta, incluía la firma de la Comisión Asiática por los Derechos Humanos, del Centro por la Gobernanza Constitucional (Uganda), del Centro por los Derechos Humanos Internacionales de la Ciudad Universitaria de Nueva York, de CIVICUS, de FIDH, del Front Line Defenders, del International Bar Association’s Human Rights Institute, la Coalición Internacional Contra las Desapariciones Forzadas, el Servicio Internacional por los Derechos Humanos, KAIROS: la Iniciativa Canadiense de Justicia Ecuménical, Lawyers’ Rights Watch Canada, el Centro de Recursos Legaes (Moldova), la Iglesia Unida de Canadá y la Organización mundial contra la Tortura (OMCT).

El grupo apela a la Corte Suprema y el Departamento de Justicia para detener los asesinatos, los arrestos y detenciones arbitrarias, el hostigamiento judicial y las amenazas y etiquetado rojo contra las y los defensores de los Derechos Humanos de las Filipinas.  Piden que se lleven a cabo investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre los diversos delitos, insistiendo en que “los responsables deben rendir cuentas”.

También han hecho un llamamiento para revisar las reglas en la entrega de las órdenes de registro, ya que estas “parecen ser usadas como algo rutinario en el hostigamiento judicial y la detención arbitraria” de defensores de los Derechos Humanos.

El grupo ha sentenciado que la ley anti-terrorista del 2020 debería ser derogada.  También ha añadido que las mesuras deberían promulgarse para proteger a los defensores y criminalizar el etiquetado rojo.