La representante Susan Wild reintrodujo el 15 de junio en el Congreso de Estados Unidos la Ley de Derechos Humanos de Filipinas, en la que se pide la suspensión de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Filipinas hasta que "cese la violencia contra los disidentes y comiencen a rendir cuentas los autores".
El proyecto de ley, dijo, es una respuesta a las numerosas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Duterte contra disidentes, sindicalistas, miembros del clero y otros. "Al bloquear la ayuda a las fuerzas de seguridad filipinas, este proyecto de ley hace una propuesta de sentido común: Defender los derechos humanos requiere algo más que retórica. Requiere acción".
El coautor del proyecto, el diputado estadounidense Hank Johnson, declaró: "Tenemos que demostrar que no apoyamos a los dictadores de pacotilla que cometen este tipo de abusos de los derechos humanos tan flagrantes y opresivos. Unas simples reformas podrían contribuir en gran medida a preservar y fortalecer nuestra larga relación con Manila".
Varias organizaciones estadounidenses, como el Movimiento Malaya, Trabajadores de Comunicación de América, AFLCIO, Sindicato Internacional de Empleados del Sector Servicio, y la Hermandad Internacional de Teamsters, respaldaron la presentación del proyecto de ley.
En un acontecimiento relacionado, el Partido Comunista de Filipinas denunció la entrega, el 21 de junio, de ametralladoras pesadas, tubos de mortero y otros equipos militares por parte del gobierno estadounidense al gobierno de Duterte.
Marco Valbuena, Jefe de Información del PCF, dijo que "esto se llevó a cabo en total desprecio del clamor por la suspensión de la ayuda militar de EE.UU. al gobierno de Duterte... La entrega de estas armas es una palmadita virtual en la cabeza de Duterte y sus matones armados".
El gobierno de EE.UU., dijo Valbuena, "está cediendo a las demandas de Duterte, a cambio de asegurar el Acuerdo de Fuerzas Visitantes entre EE.UU. y RP". Duterte sólo ha "jugado" con la eliminación del acuerdo, dijo Valbuena.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó el 24 de junio la posible venta de aviones de combate F-16C, misiles AGM-84 Harpoon y otros equipos militares a Filipinas, por un total de unos 118.000 millones de pesos filipinos (2.430 millones de dólares). La posible venta aún necesitará la aprobación del Congreso estadounidense.