Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), que violan habitualmente el Derecho Internacional Humanitario (DIH), han cometido otro atroz crimen de guerra. En esta ocasión, han disparado y secuestrado a una combatiente del Nuevo Ejército Popular (NPA) embarazada que se encontraba de baja médica.
Según la portavoz del Frente Democrático Nacional de la Región del Extremo Sur de Mindanao (NDF-FSMR), Kim Montiza, la miembro del Nuevo Ejército Popular (NPA) Arnida Cuaton Maguiguilid se tomó una baja médica de su unidad en agosto y se alojaba con unos amigos en una pensión de la ciudad de Tagum. El 19 de septiembre, cuando regresaba a su pensión, unos agentes militares le dispararon y la dejaron sangrando en el suelo. Una compañera de piso la llevó rápidamente al hospital. La bala le alcanzó la columna vertebral, dejándola paralizada de cintura para abajo. El estado de su hijo aún no nacido sigue siendo incierto.
Las fuerzas estatales la detuvieron en el hospital y la trasladaron a otro hospital de la ciudad de Koronadal, en Cotabato del Sur. Posteriormente, la 603.ª División de Infantería y la 6.ª División de Infantería afirmaron que se había «rendido» el 24 de septiembre, con la historia inventada de que combatientes del «NPA Rojo» le habían disparado.
Citando la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la protección de las mujeres y los niños en situaciones de emergencia y de conflicto armado, de 14 de diciembre de 1974, el NDF-FSMR declaró: «Se considerarán delitos todas las formas de represión y de trato cruel e inhumano contra mujeres y niños —incluidos el encarcelamiento, la tortura, los fusilamientos, las detenciones masivas, los castigos colectivos, la destrucción de viviendas y los desalojos forzosos— cometidos por las partes beligerantes en el curso de operaciones militares o en territorios ocupados (artículo 5)».
Además, esta táctica de guerra sucia también viola flagrantemente el Acuerdo Global sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (CARHRIHL), firmado por representantes del Gobierno de Filipinas y del NDFP el 16 de marzo de 1998 en La Haya (Países Bajos) y ratificado posteriormente por sus respectivos mandantes.
En él se establece que: «Las personas fuera de combate y aquellas que no participen directamente en las hostilidades tienen derecho al respeto de su vida, dignidad, derechos humanos, convicciones políticas y su integridad moral y física, y deberán ser protegidas en todas las circunstancias y tratadas humanamente, sin distinción alguna basada en la raza, el color, la religión, el sexo, el nacimiento, la condición social o cualquier otro criterio similar». (Parte 4, Respeto del Derecho Internacional Humanitario, artículo 4, apartado 1)
Montiza subrayó que el caso de Maguiguilid pone de manifiesto la sucia guerra contrarrevolucionaria que libran las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), las CAFGU y la Policía Nacional de Filipinas en la región, donde las víctimas constantes son las masas populares: agricultores, colonos, moros y otros.