El 5 de octubre, Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN)-Reino Unido publicó un comunicado en el que instaba al presidente Marcos Jr. a reconocer que «el pueblo filipino no es un peón en las guerras imperialistas». El grupo expresó su profunda preocupación por el estrechamiento de los lazos económicos y de defensa entre Manila y Londres. Entre ellos se incluyen un acuerdo marco recién firmado que concede acceso a 5 000 millones de libras esterlinas (~419 000 millones de pesos filipinos) a través de UK Export Finance, así como las negociaciones en curso para un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Visitantes (SOVFA) entre el Reino Unido y Filipinas.

El Ministerio de Defensa Nacional (DND) confirmó que las negociaciones formales del SOVFA comenzaron el 27 de agosto. El subsecretario Salvador Melchor Mison Jr., jefe del equipo negociador, destacó la creciente colaboración en materia de defensa y elogió el apoyo de Londres al denominado «orden internacional basado en normas» en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) de 1982.

El Partido Comunista de Filipinas (CPP) critica duramente los Acuerdos sobre Fuerzas Visitantes (VFA), al considerarlos pactos desiguales que merman la soberanía nacional.

Ratificado por el Senado filipino en 1999 bajo el mandato de Joseph Estrada, el VFA entre EE. UU. y Filipinas sustituyó al Acuerdo sobre Bases Militares de 1991, que había caducado. El CPP sostiene que este acuerdo transformó todo el archipiélago en una base militar extranjera de facto.

Aunque el Senado filipino ratificó el VFA como un tratado vinculante, Estados Unidos lo considera simplemente un acuerdo ejecutivo reconocido en virtud de la Ley Case-Zablocki.
Las fuerzas estadounidenses disfrutan de entrada sin visado y de exenciones fiscales sobre el equipo y los bienes importados.

El personal estadounidense está exento de la jurisdicción judicial local automática. Delitos de gran repercusión —como el caso de violación de «Nicole» en 2005 y el asesinato de Jennifer Laude en 2014— ponen de manifiesto cómo el acuerdo protege a las tropas extranjeras, al alojar a los estadounidenses condenados en instalaciones especiales designadas en lugar de en prisiones locales.

El Acuerdo de Cooperación de Defensa Reforzada (EDCA) de 2014 amplió este marco, concediendo a las fuerzas estadounidenses acceso a nueve «ubicaciones acordadas» dentro de los campamentos militares filipinos sin necesidad de la aprobación constitucional de dos tercios del Senado.

Además de con EE. UU., Filipinas ha establecido acuerdos similares con Australia y Japón, y hay negociaciones en curso con Nueva Zelanda y el Reino Unido.

El CPP advierte de que estos pactos en expansión arrastran a la nación a provocaciones bélicas imperialistas contra China y agudizan la militarización en el Mar de China Meridional. Al abogar por la desmilitarización y una resolución pacífica de las disputas marítimas, el CPP subraya que una guerra abierta entre EE. UU. y China sería catastrófica para Filipinas.