En medio de la corrupción sistémica y la ineficacia del Gobierno, cientos de habitantes de Bulacán marcharon entre las aguas de las inundaciones durante una protesta celebrada en la ciudad de Malolos el 31 de agosto para denunciar la incapacidad gubernamental de hacer frente a la crisis de inundaciones que la provincia padece desde hace años. Las lluvias monzónicas y los tifones de agosto anegaron numerosas localidades de Bulacán y pusieron de manifiesto hasta qué punto la corrupción ha comprometido proyectos de control de inundaciones por valor de miles de millones de pesos.

Ang Bayan Ngayon informó el 3 de septiembre de 2026 de que las inundaciones habían causado daños por valor de más de 320,28 millones de pesos en toda Bulacán, de los cuales 135,64 millones correspondían al sector agrícola. Ante esta situación, las autoridades locales declararon el estado de calamidad el 19 de agosto.

Aunque Luzón Central es una región naturalmente propensa a las inundaciones debido a las crecidas de marea procedentes de la bahía de Manila, la cuenca de drenaje del río Pampanga y el pantano de Candaba, que actúa como embalse, las lluvias del monzón del suroeste de 2026 agravaron la situación, pues los fuertes aguaceros coincidieron con las mareas altas y las descargas de las presas.

Las inundaciones siguen poniendo de relieve el papel de la provincia como epicentro de la corrupción vinculada a las asignaciones multimillonarias para proyectos de control de inundaciones. Al anunciar la aplicación de un plan maestro contra las inundaciones que llevaba décadas sin utilizarse, el régimen de Marcos reveló involuntariamente que los proyectos de los últimos años habían antepuesto prioridades políticas corruptas a soluciones integrales de ingeniería.

Ang Bayan Ngayon informó de que la coalición Kilos Bulacan movilizó a diversos sectores para manifestarse ante el capitolio provincial. Entre las organizaciones participantes se encontraba Bigkis Bulacan, de la que forma parte el Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. La coalición subrayó que los bajos salarios y la destrucción de los medios de vida hacen que los efectos de los desastres golpeen por partida doble a trabajadores y campesinos. También responsabilizó de la situación a los proyectos de relleno y recuperación de terrenos en la bahía de Manila, en particular al Nuevo Aeropuerto Internacional de Manila de San Miguel Corporation, y señaló que la suspensión temporal decretada en 2023 no había detenido ni las labores de dragado ni la destrucción medioambiental.

El Kilusang Bayan Kontra Kurakot (KBKK) expresó su apoyo y señaló que, ante la proximidad del aniversario de la inundación de Luneta de septiembre de 2025, la población continúa padeciendo las consecuencias de proyectos inútiles, malversadores impunes y un sistema presupuestario corrupto. Ante los 107 400 millones de pesos asignados al control de inundaciones en el proyecto de presupuesto para 2027, el KBKK hizo un llamamiento a mantener y extender las protestas para exigir responsabilidades y poner fin al saqueo sistémico.