EDITORIAL. Año 3, Numero 7. 1 de julio de 2021.
Se reconoce ya a nivel internacional que el presidente Rodrigo Duterte y su séquito de funcionarios de seguridad son culpables del asesinato, la tortura, el encarcelamiento injusto y el acoso a decenas de miles de ciudadanos filipinos. Nade menos que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de que "la persistente impunidad de las violaciones de los derechos humanos es descarnada y de que los obstáculos prácticos para acceder a la justicia dentro del país son casi insuperables."
Mientras escribimos esto, el fiscal de la CPI pide una investigación completa sobre las acusaciones de "crímenes contra la humanidad" contra Duterte, desenterrando las pruebas necesarias para presentar cargos formales contra este asesino en serie.
La falsa "guerra contra las drogas" de Duterte ha provocado el asesinato, por parte de las fuerzas policiales, de más de 30.000 presuntos drogodependientes y traficantes de poca monta. Mientras tanto, las drogas ilegales siguen proliferando, engordando los bolsillos de los funcionarios policiales y militares, así como de los compinches de Duterte.
La vana "guerra contra el comunismo" de Duterte ha provocado el asesinato, por parte de las fuerzas militares y policiales, de miles de civiles, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. Otros cientos son detenidos injustamente, acosados sin descanso y obligados a "rendirse". Los funcionarios de seguridad más despiadados son ascendidos, es a éstos a quienes se les conceden puestos de gran importancia en la burocracia civil y quienes se están llenando los bolsillos con el "dinero de las recompensas". Mientras tanto, esta guerra despiadada sólo ha empujado a más filipinos a tomar el camino de la resistencia revolucionaria armada.
Las fuerzas de seguridad del gobierno de Duterte han reconocido y dirigido ataques intencionados y directos contra filipinos que no participan activamente en el conflicto armado. Han lanzado bombardeos de artillería contra comunidades civiles, causando muertos y heridos civiles y la destrucción de propiedades civiles. Han atacado intencionadamente, e incluso mutilado, a personal médico del Nuevo Ejército Popular- New People’s Army. Además, las Fuerzas Armadas obstaculizan cruelmente la entrega de combatientes muertos o activistas políticos asesinados a sus seres queridos.
La Policía Nacional de Filipinas, las Fuerzas Armadas de Filipinas y su comandante en jefe, Rodrigo Duterte, son culpables de innumerables asesinatos que ya son punibles según sus propias leyes. Son igualmente culpables de numerosas violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del actual conflicto armado interno.
Confiamos en que las fuerzas armadas del NDFP (Frente Nacional Democrático de Filipinas) respeten y acaten las Normas del NPA (Nuevo Ejército Popular- New People’s Army), las Normas para el Establecimiento del Gobierno Democrático Popular, el Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del GRP (Gobierno de la República de Filipinas)-NDFP(Frente Nacional Democrático de Filipinas) de 1998 y las disposiciones pertinentes de los Convenios de Ginebra de 1949. Los procesos internos están en marcha y son operativos en la protección de la población civil en el curso del conflicto armado.
¿Alguien confía todavía en que Duterte y sus funcionarios respeten las leyes del GRP y del derecho internacional humanitario? Ya es hora de que este régimen sea emplazado a afrontar sus horrendos crímenes contra el pueblo filipino.