Varios grupos encabezados por la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos (ILPS) se reunieron frente al Departamento de Justicia filipino el pasado 9 de diciembre de 2022 para presentar una petición de retirada de la designación de terrorista a Luis "Louie" Jalandoni por parte del Consejo Antiterrorista (ATC). 

"Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y amantes de la paz para que se unan a nosotros en la defensa de los derechos de Luis Jalandoni y luchen contra su injusta designación", declaró Liza Maza, secretaria general de ILPS. 

El pasado 20 de junio, Luis Jalandoni fue designado terrorista por el ATC, junto con otras cinco personas. Se trataba de Simon Naugsan, portavoz del Frente Democrático Popular de la Cordillera, AfreciaAlvares, Maria Luisa Purcray, Maria Gigi Ascaño-Tenebroso y Walter Alipio De Asis Cerbito.

Luis Jalandoni fue presidente del Grupo de Negociación del NDFP en las conversaciones de paz con el Gobierno de la República de Filipinas de 1992 a 2016, cuando se jubiló. Ahora es asesor principal del Grupo de Negociación del NDFP.

La campaña para revocar la designación de terrorista de Jalandoni fue lanzada por el Comité Internacional para la Defensa de LJ y Amigos del Pueblo Filipino en Lucha. Dicha campaña reunió a más de 1.500 firmantes que apoyaban la petición de revocar la calificación de terrorista del ATC.

En una carta abierta publicada el 9 de diciembre de 2022, el Comité Internacional para la Defensa de LJ denunció "la designación como terroristas de Luis 'Louie' Jalandoni y otras cinco personas por parte del Consejo Antiterrorista de Filipinas (ATC). Esta denuncia se produce mientras reunimos un apoyo cada vez mayor de la comunidad internacional... pidiendo con razón la revocación de las afirmaciones infundadas y malintencionadas del ATC. Louie es un hombre de paz".

El 10 de diciembre, durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, cientos de personas marcharon hacia el Palacio Presidencial para protestar por el creciente número de ejecuciones extrajudiciales, presos políticos y el uso de la Ley Antiterrorista para reprimir la disidencia y coartar la libertad de expresión bajo el actual gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr.

También se llevaron a cabo protestas en otras partes del país exigiendo justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos durante la dictadura de Marcos.