El juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte comenzó esta semana en medio de una escalada de tensión política y de renovadas demandas de rendición de cuentas por parte de organizaciones progresistas. Mientras la acusación empezaba a presentar pruebas, cientos de manifestantes se concentraron frente al Senado para exigir que el proceso sirviera para hacer justicia no solo en el caso de Duterte, sino también respecto de otros cargos públicos acusados de corrupción.

Miembros de la alianza Bantay Impeachment, junto con Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN), Kilusang Mayo Uno (KMU) y otras organizaciones populares, se manifestaron frente al Senado. Subrayaron que el juicio político no debía reducirse a una disputa entre los bloques rivales de Marcos y Duterte, sino entenderse como una oportunidad para sacar a la luz la corrupción y dejar claro que ningún cargo público está por encima de la ley.

En el tribunal del juicio político, el presidente del Senado, Francis «Chiz» Escudero, presidió formalmente la vista mientras la acusación exponía los cargos contra Duterte. Los fiscales sostuvieron que las pruebas demostrarían el uso no autorizado de fondos confidenciales y otros actos constitutivos de traición a la confianza pública y de vulneraciones de la Constitución. La defensa de Duterte, por su parte, afirmó que la acusación respondía a motivaciones políticas y carecía de base jurídica suficiente.

El segundo día del juicio marcó un hito importante, cuando el equipo de la acusación de la Cámara de Representantes presentó a su primer testigo, John Mark Calilung, agente principal de la División de Ciberdelincuencia de la Oficina Nacional de Investigación (NBI). Su declaración se centró en el cuarto cargo del juicio político, según el cual Duterte amenazó públicamente al presidente Ferdinand Marcos Jr., a la primera dama Liza Araneta-Marcos y al expresidente de la Cámara de Representantes Martin Romualdez durante una comparecencia informativa en línea retransmitida en directo en noviembre de 2024.

Calilung declaró acerca de la investigación sobre ciberdelincuencia realizada por la NBI y de la preservación de pruebas digitales, entre ellas copias de la retransmisión en directo obtenidas en coordinación con Meta. La acusación sostuvo que el vídeo y los registros digitales relacionados son esenciales para sustentar las acusaciones ante el tribunal del juicio político.

El proceso estuvo marcado por las reiteradas objeciones del equipo jurídico de Duterte, que trató de impedir la declaración de Calilung alegando que su nombre no figuraba en los artículos originales del juicio político. La acusación respondió que el testigo había sido debidamente identificado durante la fase previa al juicio. Escudero rechazó la petición de la defensa, dictaminó que la acusación no estaba limitada exclusivamente al resumen de las pruebas contenido en los artículos y permitió que el testigo declarara.

La vicepresidenta Duterte no asistió a la sesión inaugural, pese a haber sido citada. Antes de la vista, acudió brevemente al Senado para reunirse con su equipo jurídico. Su ausencia suscitó críticas de las organizaciones progresistas, que sostuvieron que los cargos públicos que afrontan acusaciones graves deben comparecer personalmente y responder ante el tribunal del juicio político y ante el pueblo filipino.

Los manifestantes congregados frente al Senado afirmaron que el juicio político debería servir de advertencia a todos los cargos públicos corruptos. Al tiempo que reclamaban la condena de Duterte, BAYAN y KMU subrayaron que la exigencia de responsabilidades no puede limitarse a una sola persona. Sostuvieron que la corrupción permanece arraigada en el sistema político del país y pidieron investigar las acusaciones que afectan a otros miembros de la élite gobernante, incluida la administración de Marcos. Para los manifestantes, el juicio representa no solo un proceso constitucional, sino también una prueba del compromiso del país con la rendición pública de cuentas y la gobernanza democrática.