Diversos grupos han criticado el memorando emitido por la Oficina de Gestión Penitenciaria y Penología (BJMP), que ordena la «estrecha vigilancia» de los presos políticos sospechosos de comunismo.

La Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL) y la organización de defensa de los derechos de los presos Kapatid, en declaraciones separadas, pidieron a la BJMP que revocara la orden, calificando de «no verificadas» las acusaciones de insurgencia comunista entre algunas personas privadas de libertad (PDL).

«Kapatid pide al jefe de la BJMP, el general Ruel Rivera, que se retracte de este peligroso memorando, que no sólo pone en mayor riesgo la vida y la seguridad de los presos políticos, sino que también sienta un peligroso precedente al utilizar acusaciones infundadas y políticamente motivadas como base para una acción oficial. La BJMP debe centrarse en su mandato fundamental de defender los derechos y la seguridad de todos los detenidos, y no servir como instrumento de persecución política», declaró Kapatid.

La NUPL también criticó la actuación de la BJMP, describiéndola como una forma de macartismo dirigida contra personas «basada únicamente en sospechas, perfiles ideológicos y acusaciones no verificadas».

El grupo argumentó que el memorando viola las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos. «Socavan la presunción de inocencia consagrada en la Constitución (Artículo III, Sección 14) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) al imponer medidas punitivas sin juicio. También violan el derecho a la intimidad y a la dignidad humana, afirmado en el PIDCP (artículo 17), al someter a los detenidos a una vigilancia invasiva y restringir gravemente la correspondencia esencial y las interacciones con los visitantes», declaró NUPL.

Señaló además que bloquear el acceso de los detenidos a la asistencia letrada, un derecho garantizado por la Constitución (artículo III, sección 12), compromete el derecho a un juicio justo. La organización también destacó el daño psicológico causado por el aislamiento y la mayor vigilancia, calificándolo de trato cruel y degradante.

El memorando de la BJMP, compartido por la NUPL el 10 de enero, se originó supuestamente a partir de un post de Facebook, ahora eliminado, del general retirado Antonio Parlade. En el post, Parlade acusaba a la diputada France Castro (ACT-Teachers) de visitar las instalaciones penitenciarias para solicitar fondos a los narcotraficantes para su grupo, supuestamente con la ayuda de PDL vinculados al Partido Comunista de Filipinas.

«Es a la vez ridículo y profundamente preocupante que una agencia gubernamental encargada de supervisar la gestión de las cárceles considere un post no verificado en Facebook de un red-tagger no reformado como base suficiente para una política. La publicación, realizada por un general militar retirado y antiguo portavoz del NTF-ELCAC, acusa a la diputada France Castro, del ACT Party-List, de 'frecuentar las instalaciones penitenciarias para solicitar fondos a los narcotraficantes para dicho grupo del Party-List a través de los esfuerzos de los presuntos miembros detenidos del CPP'», declaró el NUPL.

La diputada France Castro denunció el memorándum del BJMP como un «acto peligroso y malicioso de etiquetado rojo».

«Están utilizando un post no verificado en las redes sociales de una fuente desacreditada para justificar la vigilancia y el seguimiento de un miembro en ejercicio del Congreso y de los presos políticos», dijo Castro en un comunicado.

«Este memorando demuestra cómo el etiquetado en rojo pone en peligro vidas y viola los derechos humanos. La BJMP debe rendir cuentas por esta acción irresponsable que pone en peligro mi seguridad y la de los presos políticos», añadió.