El quincuagésimo segundo año desde la declaración de la Ley Marcial fue recibido con protestas por diversos grupos tanto en Filipinas como en el extranjero. Según Bagong Alyansang Makabayan (Bayan), que encabezó las movilizaciones, bajo la actual administración persisten las mismas condiciones de abusos contra los derechos humanos y represión política de los días de la Ley Marcial.

«Marcamos el aniversario de este año de la declaración de la ley marcial por Ferdinand Marcos padre con la continua indignación por las persistentes violaciones de los derechos humanos, las libertades civiles y el derecho internacional humanitario bajo el actual régimen de su hijo Ferdinand Marcos hijo», afirmó Bayan en un comunicado.

Bayan señaló las continuas atrocidades cometidas a través de maquinarias fascistas como el NTF-Elcac, la Ley Antiterrorista y la brutal represión policial y militar, así como los bombardeos en el campo. Bayan subrayó además la complicidad de «las élites políticas y económicas apoyadas por el gobierno estadounidense».

En Metro Manila, grupos encabezados por Bayan marcharon de España a Mendiola con el lema «Lucha contra el terrorismo». Hubo tensión entre los manifestantes y la policía cuando la protesta quedó bloqueada antes de llegar a Mendiola. Asistieron activistas de Tagalo del Sur. También se organizaron protestas en Bacolod City, Baguio City, Bicol, Cebu, Davao City, Iloilo, Laguna y Tacloban.

«El secuestro y la continua desaparición de muchos activistas llaman la atención sobre esta pauta de impunidad», subrayó Bayan.

Mientras tanto, activistas filipino-estadounidenses celebraron el «Día Nacional de Acción Nunca Más a la Ley Marcial», que convocó a todas las organizaciones aliadas de Bayan USA, el Movimiento Malaya y la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas a conmemorar el 52 aniversario de la Ley Marcial con protestas. Se celebraron acciones en Chicago, Honolulu, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Portland, Seattle, San Francisco y Washington DC.

En un comunicado, los organizadores denunciaron las continuas violaciones de derechos humanos y los secuestros en Filipinas, así como el proyecto de presupuesto nacional para 2025 del gobierno filipino, «que aumentaría el gasto en defensa en un 50% y recortaría drásticamente servicios sociales muy necesarios en medio de una creciente crisis económica y de la negligencia del Estado».