Una misión de investigación (FFM, por sus siglas en inglés) organizada y dirigida por grupos progresistas de Estados Unidos afirmó en su informe que las comunidades en torno a las bases militares estadounidenses o los denominados emplazamientos EDCA sufren negligencia, desinformación y represión generalizadas.
EDCA, abreviatura de Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), es un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Filipinas firmado en 2014 que permite a Estados Unidos construir bases o instalaciones en un "lugar acordado" dentro de los campamentos de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP). Estados Unidos tiene al menos nueve instalaciones en virtud del EDCA y al menos otras ocho bases o instalaciones militares en diversas partes de Filipinas.
Las FFM dieron a conocer sus conclusiones el 12 de junio, tras realizar una investigación de tres semanas en comunidades de los alrededores de las bases militares estadounidenses en el valle de Cagayan, en antiguas bases militares estadounidenses en Luzón Central, en Ilocos Norte, donde tuvo lugar el ejercicio Balikatan más reciente, y en la ciudad de Marawi, donde se está construyendo un campamento militar en la "zona cero" con fondos de la EDCA.
Entre las conclusiones de la delegación figuran las siguientes
- Violaciones de las disposiciones del EDCA, como en Cagayan Valley, donde se ordenó a los residentes cercanos a la base militar que almacenaran suministros fuera del "lugar EDCA" designado, en violación del acuerdo que lo prohíbe. Tampoco se informó a los residentes de la finalidad del almacenamiento. Sospechan que se están almacenando armas, en contra de las afirmaciones de EE.UU. y las AFP de que los artículos son sólo para "ayuda humanitaria".
- Explotación militar estadounidense de las comunidades y sus recursos: En el valle de Cagayan, las tropas estadounidenses alquilaron barcos de pescadores para los juegos de guerra. En Ilocos Norte, se prohibió a los residentes navegar y se les privó de sus medios de vida. Las indemnizaciones que se les concedieron fueron manifiestamente insuficientes.
- Estrecha colaboración con intereses económicos privados y militares: En el valle de Cagayan, la delegación conoció el plan estadounidense de construir "emplazamientos EDCA" cerca de zonas económicas especiales. Dos de las bases existentes son adyacentes a la Autoridad de la Zona Económica de Cagayan (CEZA).
- No hay comunicación alguna con las comunidades afectadas por los ejercicios militares. En Santa Ana, Cagayan, por ejemplo, los residentes no recibieron ninguna explicación sobre las maniobras militares de EE.UU. y PH, ni antes ni después de que tuvieran lugar. Se les mantuvo a oscuras y no se tuvieron en cuenta sus opiniones ni su bienestar. Desde noviembre de 2023, dos helicópteros estadounidenses que volaban bajo causaron el pánico entre las comunidades indígenas de la isla de Palaui. Les preocupaba la posibilidad de que estallara la guerra y la seguridad de sus hijos.
- Desinformación y discrepancias en los informes del gobierno: En la ciudad de Marawi, los líderes comunitarios están al tanto de la construcción de una base militar con fondos de la EDCA en la "zona cero", que el gobierno no ha revelado. También informaron del plan para construir una zona económica especial en dicha área. En Ilocos Norte, el gobierno no informó a las comunidades que se verían afectadas por los ejercicios Balikatan. Los residentes también denunciaron haberse asustado por las fuertes explosiones que sacudieron sus casas.
- Represión estatal y etiquetado rojo: La señalización roja por parte de las fuerzas estatales filipinas fue generalizada contra los residentes que denunciaban la militarización, especialmente contra quienes expresaban la necesidad de desarrollo económico en las comunidades.
- Negligencia gubernamental: En la ciudad de Marawi, los residentes afectados por el ataque de las AFP de 2017 permanecen en centros de evacuación. Los servicios básicos como la electricidad, el agua y el saneamiento están ausentes o dañados en estas zonas. Muchos de ellos no han recibido indemnizaciones ni ayudas ni garantías de poder regresar a sus tierras.
"Exigimos respuestas y rendición de cuentas a los gobiernos filipino y estadounidense sobre las repercusiones del militarismo en los más marginados. Exigimos respuestas sobre el alcance real de la construcción de bases e instalaciones estadounidenses en el país, ya que lo que se publica en las noticias no se corresponde con las experiencias sobre el terreno", declaró un representante del FFM.
Los grupos progresistas encabezados por BAYAN-USA también afirmaron que planean seguir haciendo campaña contra el creciente militarismo estadounidense en Filipinas, en el marco de la Cumbre de las Américas. Los grupos progresistas, encabezados por BAYAN-USA, también dijeron que planean seguir haciendo campaña contra el creciente militarismo estadounidense en Filipinas, en la cumbre y movilización popular de los Juegos Cancelados de la Costa del Pacífico (RIMPAC) en San Diego, California (29-30 de junio), en la cumbre y movilización Resist NATO en Washington DC (6-7 de julio), y lanzar acciones de protesta en las Convenciones Nacionales Republicana y Demócrata de este verano, en los pasillos del Congreso contra la Ley de Aumento de la Resiliencia de Filipinas (PERA) y a favor de la Ley de Derechos Humanos de Filipinas, y en el discurso sobre el estado de la nación (SONA) de Marcos Jr. en julio.