El 14 de diciembre, los expertos en prevención de la tortura de las Naciones Unidas concluyeron su segunda visita a Filipinas pidiendo la designación urgente de un órgano nacional de prevención de la tortura.

"El Estado Parte debe acelerar la adopción de los proyectos de ley actualmente en la Cámara de Representantes y en el Senado, que crearán el órgano nacional de vigilancia oficialmente denominado Mecanismo Nacional de Prevención", declaró Victor Zaharia, jefe de la delegación del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT).

"La magnitud de los problemas observados por la delegación reafirma la urgencia de establecer un mecanismo independiente de prevención de la tortura con acceso sin restricciones a todos los lugares de privación de libertad. ", añadió.

Al término de la visita, la delegación presentó al gobierno de Filipinas sus observaciones preliminares confidenciales, a las que seguirá un informe confidencial con observaciones y recomendaciones detalladas para seguir previniendo la tortura y los malos tratos a las personas privadas de libertad.

Según la Unión Nacional de Abogados Populares (NUPL), el GRP ha desatendido sus responsabilidades de abordar y prevenir la tortura desde que se adhirió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1986 y a su Protocolo Facultativo en 2012.

"El sufrimiento de los detenidos en prisión preventiva en condiciones gravemente congestionadas e inhumanas, como se ha visto en las trágicas muertes del bebé River y del enfermo de cáncer Antonio Molina, pone de relieve la cruel y deliberada indiferencia del gobierno hacia las poblaciones vulnerables en prisión", afirmó la NUPL.

La alianza de derechos humanos Karapatan acogió con satisfacción la declaración del SPT sobre la urgente necesidad de crear un órgano nacional de prevención de la tortura en Filipinas que tenga potestad para acceder a todos los lugares de detención con el fin de prevenir la tortura y otras formas de malos tratos.

En una declaración anterior, Karapatan instó a que el informe se hiciera público en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión continua del cumplimiento por parte del gobierno filipino de la Convención de la ONU contra la Tortura, de la que es signatario.