Días antes de la plena aplicación de la ley antiterrorista, seis expertos de las Naciones Unidas hicieron pública una carta que escribieron en octubre del año pasado en la que pedían al gobierno de Marcos Jr. que explicara los casos de "acoso judicial, redadas en oficinas y sanciones financieras selectivas" a organismos de vigilancia de los derechos y sus "poderes aparentemente sin control".
En la carta de 19 páginas fechada el 10 de octubre de 2023, los relatores especiales de la ONU pedían explicaciones por las presuntas violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno de Marcos en aplicación de las denominadas políticas "antiterroristas", incluida la Ley de la República (LR) nº 11479, que se aplicará plenamente a partir del 15 de enero según las directrices aprobadas recientemente por el Tribunal Supremo.
Expresaron su "seria preocupación por los poderes ejecutivos aparentemente amplios y sin control... en particular la discrecionalidad del Consejo Antiterrorista para designar a individuos y organizaciones como 'terroristas' y del Consejo Antiblanqueo de Capitales para adoptar sanciones financieras selectivas a partir de entonces".
También advirtieron al gobierno de Marcos Jr. contra el uso de sus poderes de supervisión de la financiación "antiterrorista" "de forma amplia y arbitraria", especialmente contra organizaciones e individuos democráticos legales, en total desprecio de las obligaciones del país en materia de derechos humanos según el derecho internacional.
La carta del 10 de octubre estaba firmada por Fionnuala Ni Aolain, relatora especial sobre los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; y Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias.
Los relatores hicieron pública la carta este mes, al parecer tras no obtener respuesta del gobierno.
Los relatores de la ONU habían advertido anteriormente que la publicarían a través de su sitio web de comunicaciones y la incluirían en su informe periódico al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si el gobierno no respondía a sus preocupaciones en un plazo de 60 días.