Los conductores y operadores de jeepneys han presentado una petición ante el Tribunal Supremo del Gobierno de la República de Filipinas (GRP) para detener la retirada progresiva de los vehículos de servicio público, prevista para enero del año que viene. El grupo exige que se desechen los planes de eliminación progresiva de jeepneys bajo el velo del engañoso programa de modernización y la consolidación obligatoria de franquicias. La declaración del régimen de Marcos el pasado 12 de diciembre de que la fecha límite del 31 de diciembre para la eliminación progresiva de los jeepneys se cumplirá, reivindica el objetivo de la huelga de transporte, según Piston.

El Programa de Modernización de Vehículos de Utilidad Pública (PUVMP) del gobierno, una vez aplicado, obligará a los operadores a consolidar o renunciar a su franquicia individual para convertirse en una franquicia única bajo una cooperativa o corporación. También afirmaron en la petición que nadie tiene derecho a obligarles a formar o unirse a ninguna asociación en contra de su voluntad.

En su petición al Tribunal Supremo, Piston alegó que el programa de retirada progresiva de VUP es contrario a su derecho a la libre asociación. "La revocación de la franquicia por no unirse a la cooperativa va en contra de los derechos de los conductores y operadores", dijo Mody Floranda, presidente nacional de Piston. "Se les privará de su medio de vida por no unirse a las cooperativas", añadió.

Si se mantiene el plazo obligatorio de consolidación hasta el 31 de diciembre, se calcula que 30.862 unidades de jeepney y 4.852 unidades de UV Express no podrán operar en la Región de la Capital Nacional (NCR) por negarse a consolidar sus franquicias. Cerca de 64.000 conductores y 25.000 operadores sólo en la NCR perderán su medio de vida. La decisión también afectará a 28,5 millones de pasajeros en todo el país.

"Marcos Jr. no tiene corazón por el desempleo masivo y la grave pesadilla del transporte público que desencadenará en el nuevo año", afirmó Floranda. Piston ha declarado que solicita la intervención inmediata del Tribunal Supremo para salvar no sólo el medio de vida de los conductores y operadores, sino también el bienestar de los viajeros.

El grupo Piston y Manibela ha vuelto a convocar una huelga a partir del 21 de diciembre para exigir la anulación de la consolidación forzosa de la franquicia y la PUVMP.