El Partido Comunista de Filipinas publicó el 29 de octubre un informe sobre los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de seguridad del Gobierno de la República de Filipinas en los últimos seis años. El informe, "Crímenes de guerra de las AFP y la PNP", se centraba en los casos de "ejecuciones sumarias" cometidas por las Fuerzas Armadas de Filipinas, la Policía Nacional Filipina y otros agentes armados del gobierno de Manila contra civiles, no combatientes y fuera de combate pertenecientes al CPP, al Nuevo Ejército del Pueblo y al Frente Democrático Nacional de Filipinas.

El CPP reveló: "En los últimos seis años, al menos 101 miembros activos y retirados del CPP y del NPA, consultores y personal del NDFP, y sus compañeros civiles capturados, heridos o que ya no estaban en condiciones de luchar, fueron ilegalmente asesinados" por agentes de seguridad del gobierno de Manila.

Entre los muertos había 34 no combatientes y 44 fuera de combate, según el informe. "De los fuera de combate, 22 eran heridos en combate que fueron 'rematados' en lugar de ser detenidos y atendidos... De los no combatientes, 19 eran miembros del Partido y del NDFP que no estaban directamente implicados en el conflicto armado ni se encontraban en el campo de batalla".

El informe afirmaba que estos asesinatos constituyen crímenes de guerra, "como se estipula en los Convenios de Ginebra y sus protocolos, y en las disposiciones del Acuerdo General sobre el Respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario". El entonces presidente del NDFP, Mariano Orosa, y el presidente del GRP, Joseph Estrada, firmaron el CARHRIHL el 10 de abril de 1998, en el marco de las conversaciones de paz entre las dos partes beligerantes.

El informe decía que 20 de los asesinados eran ancianos, miembros retirados del CPP y del NPA. Revelaba además que las AFP y la PNP intentan encubrir sus crímenes declarando a las víctimas "muertas en combates armados" o que "se resistieron a ser detenidas". Según el informe, en los lugares de los asesinatos se colocan diversas "pruebas", como armas, explosivos y "documentos subversivos".

El informe citaba el último caso de captura y asesinato del portavoz del NPA en la isla de Negros, Ka Juanito Magbanua, a manos del 94 Batallón de Infantería de las AFP el 10 de octubre de 2022. Las AFP afirmaron que Ka Juanito "murió en combate". 

En una noticia relacionada, el miembro del Comité Central del CPP Emmanuel Fernandez, de 63 años, murió de causas naturales el 30 de octubre en un pueblo de la ciudad de Sen. Ninoy Aquino, provincia de Sultan Kudarat. Sin embargo, la noticia de su muerte atrajo a una unidad de la 603 Brigada de Infantería de las AFP, que acribilló a balazos el cadáver de Fernández. La AFP afirmó posteriormente que Fernández había muerto en un encuentro armado.