Los fiscales del gobierno de Marcos II anunciaron el 15 de agosto la presentación de cargos penales contra 16 personas por conspirar presuntamente para desviar dinero de fuentes extranjeras con el fin de financiar al NPA- Nuevo Ejército del Pueblo. Estas 16 personas, entre las que hay cinco monjas católicas y un abogado, forman parte de los Misioneros Rurales de Filipinas- RMP, una asociación voluntaria de sacerdotes, monjas y misioneros laicos que tiene 53 años de antigüedad y presta apoyo a comunidades rurales de campesinos, trabajadores agrícolas, pescadores y pueblos indígenas.

En su comunicado, los fiscales del Departamento de Justicia manifiestan que "encontraron causa probable" para acusar a la Hna. Emma Teresita Cupin, la Hna. Susan Dejolde, la Hna. Ma. Fatima Napoles Somogod, la hna. Augustina Juntilla, Sor Maryjane Caspillo, la abogada Czarina Golda Selim Musni, Melissa Comiso, Maridel Solomon Fano, Jhona Ignilan Stokes, Hanelyn Caibigan Cespedes, Angelie Magdua, Emilio Gabales, Mary Louise Dumas, Aileen Villarosa, Evelyn Naguio y Aldeem Yañez por "poner fondos a disposición del Partido Comunista de Filipinas y del NPA".

Los fiscales del Departamento de Justicia no confirmaron, no obstante,  si los acusados recibieron citaciones o si se les permitió participar en la investigación preliminar del Departamento de Justicia.

La portavoz de RMP, Rebecca D. Pacete, MMS, niega las acusaciones, declarando que todos sus proyectos están reportados y contabilizados. La RMP, afirma , "cumple con los requisitos en la obtención de fondos para los proyectos, incluyendo las auditorías".

La Hna. Pacete también ha denunciado la demonización de su trabajo pues, según ella, "ha afectado negativamente la labor de varias iglesias en materia de agricultura sostenible, escuelas rurales, reducción del riesgo de desastres, mitigación del cambio climático, servicios sanitarios, defensa de los derechos humanos y agricultura ecológica".

Asimismo, ha expresado su preocupación por la seguridad de los acusados, dos de los cuales ya están en prisión por cargos falsos. "La letal señalización roja, la militarización de la ley y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos siguen siendo políticas de Estado a las que hay que oponerse enérgicamente", dice.

Este caso se sostiene en las denuncias presentadas por el Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, basadas en los testimonios de dos supuestos testigos que afirman ser antiguos miembros del NPA. El Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Capitales había ordenado anteriormente al Banco de las Islas Filipinas que congelara tres cuentas bancarias de la RMP durante 20 días, en diciembre de 2019. La orden de congelación fue ampliada a seis meses por el Tribunal de Apelaciones en febrero de 2020.

Los fiscales del Departamento de Justicia "han recomendado que no haya fianza para los acusados". Si son condenados, los acusados se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua y a una multa no inferior a 500.000 pesos filipinos (9.000 dólares).