"Todavía no se han dado las condiciones mínimas para que sea posible la reanudación de las conversaciones de paz", ha declarado Julieta de Lima, presidenta interina del Grupo de Negociación del Frente Democrático Nacional de Filipinas, en una entrevista reciente. Esta ha sido su respuesta a las declaraciones del gobierno de Marcos II, en las que se cierra la puerta a la reanudación de las conversaciones de paz con el NDFP.

Según de Lima, el régimen de Marcos II sigue aplicando disposiciones del ex presidente Rodrigo Duterte que imposibilitan las negociaciones de paz. "El Gobierno de la República de Filipinas no ha mostrado aún ninguna voluntad de superar los impedimentos que han suspendido las negociaciones de paz desde que Duterte las cancelase el 23 de noviembre de 2017". De Lima ha citado la declaración de 2017, en la que Duterte dio por terminadas las negociaciones, designando al Partido Comunista de Filipinas, al Nuevo Ejército del Pueblo y al NDFP como "organizaciones terroristas".

De Lima afirma también que las exigencias del GRP –Gobierno de la República de Filipinas–: el "cese al fuego primero" y la deposición de las armas como condición para reanudar las conversaciones de paz son insensatas. "¿Por qué debería el NPA deponer las armas, o rendirse, sin mantener primero negociaciones de paz y sin satisfacer las demandas justas y razonables del pueblo, como son la plena independencia nacional, la democracia, la justicia social, el desarrollo económico mediante una auténtica reforma agraria e industrialización nacional, la ampliación de los servicios sociales, el progreso cultural y una política exterior independiente?" ha subrayado De Lima, que también ha arremetido contra el llamamiento del GRP a sostener conversaciones de paz localizadas: “Estas conversaciones de paz, que pretenden organizar en diferentes localidades de forma separada, son en realidad una trampa que conduce a engaños, rendiciones y violaciones de los principios revolucionarios".

"A partir de ahora, el NDFP y todas sus fuerzas aliadas no tienen más opción que librar la revolución democrática del pueblo contra la obsesión del GRP por destruir al movimiento revolucionario y por preservar un sistema de gobierno injusto, opresivo y explotador” ha declarado De Lima.

Por su parte, la Alianza Ciudadana por una Paz Justa ha solicitado la reanudación de las negociaciones de paz a nivel nacional para abordar las raíces del conflicto armado. En una declaración publicada el 23 de julio, la Alianza por la Paz afirmó: "Las raíces del conflicto armado en el país, que atañen a la pobreza, la falta de tierras, al dominio extranjero de nuestra economía, a la inaccesibilidad a los servicios o a la distribución desigual de los recursos, exigen una respuesta integral y sistémica".

La Alianza Ciudadana por una Paz Justa también ha subrayado: "Ahora que nos enfrentamos a la intensificación de la crisis económica, es contraproducente emprender una guerra total, que sería muy costosa, o un programa fallido como el de las conversaciones de paz localizadas que ideó la anterior administración". Éstas dieron lugar a rendiciones falsas y forzadas, a persecuciones y acoso, y a otras violaciones de derechos, han explicado. "Ningún mando local del NPA ha participado realmente en dichas conversaciones locales". Han denunciado que las Fuerzas Armadas de Filipinas están coaccionando a los civiles, haciéndoles pasar como combatientes armados.

La Alianza Ciudadana por una Paz Justa ha demandado al régimen de Marcos II que "respete el trabajo y los acuerdos establecidos por los anteriores dirigentes" y que "ponga fin a las prácticas de etiquetado, persecución, fabricación de casos contra disidentes y ejecuciones extrajudiciales; solicitando la liberación de todos los presos políticos y la abolición del NTF-ELCAC". El CAJP – Alianza Ciudadana por una Paz Justa– es la mayor alianza de defensores de la paz en Filipinas.