Aumentan las peticiones de liberación inmediata de la senadora filipina encarcelada Leila de Lima, tras la retractación de dos importantes testigos que la acusan de estar implicada en el tráfico ilegal de drogas. La alianza filipina de derechos humanos Karapatan pidió el 3 de mayo la liberación inmediata de la senadora De Lima, calificando su detención y su permanencia en prisión como un “caso de persecución política y represión”.

El 28 de abril de 2022, el narcotraficante confeso Roland Espinosa emitió una declaración jurada en la que afirmaba haber mentido cuando declaró en el Congreso en 2016 que había dado 8 millones de pesos filipinos a la senadora De Lima para financiar su candidatura al Senado. El 30 de abril, el ex funcionario de la Oficina de Correcciones Rafael Ragos emitió otra declaración jurada en la que se retracta de sus afirmaciones de que entregó 5 millones de pesos filipinos al chófer de la senadora De Lima en 2012 a instancias de los convictos por drogas de la prisión de New Bilibid. Ambos testigos afirman que funcionarios de la Policía Nacional de Filipinas y del Departamento de Justicia los coaccionaron para que hicieran las falsas acusaciones.

Karapatan pidió una investigación independiente sobre las acusaciones de coacción y el papel de los distintos funcionarios “en la presentación de cargos maliciosos” contra el senador.

Phil Robertson, director adjunto para Asia de Human Rights Watch, dijo: “La senadora de Lima ha sufrido cinco años de detención por un presunto delito que los testigos clave ahora ponen en duda... Las autoridades deben retirar inmediatamente los cargos por motivos políticos y ponerla en libertad, e investigar de forma imparcial las afirmaciones de los testigos de que fueron coaccionados para prestar falso testimonio”.

Mientras tanto, seis senadores estadounidenses, encabezados por el senador Marco Rubio y Ed Markey, emitieron el 3 de mayo una declaración conjunta en la que pedían la liberación inmediata de la senadora De Lima, y añadían que los cargos restantes debían retirarse sin más demora.

Los senadores estadounidenses Dick Durbin, Marsha Blackburn, Chris Coons y Patrick Leahy se sumaron a la declaración. Dijeron: “Claramente, los falsos cargos contra ella fueron, como sospechamos todo el tiempo, motivados políticamente y basados en información falsa... Que haya perdido cinco años de cárcel debido a estos cargos espurios es una parodia”.

El Parlamento Europeo ha pedido la liberación inmediata de la senadora De Lima ya en septiembre de 2020.

La senadora De Lima ha sido una férrea opositora a la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte, en virtud de la cual, al parecer, más de 30.000 personas han sido asesinadas por agentes de policía y vigilantes desde junio de 2016. También dirigió las investigaciones sobre la implicación de Duterte en los asesinatos de los “escuadrones de la muerte” en la ciudad de Davao, cuando fue alcalde de esa ciudad durante mucho tiempo.

En su informe 2021 sobre prácticas de derechos humanos en los países, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que consideraba “creíbles” los informes sobre abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad filipinas, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. El informe alega que el encarcelamiento de De Lima tiene una motivación política.