La publicación, el 12 de mayo, por parte del Consejo Antiterrorista del gobierno de Duterte, de una resolución en la que se designa a 19 presuntos miembros del Comité Central del Partido Comunista de Filipinas como terroristas fue recibida con una feroz condena. El presidente fundador del PCF, el profesor José María Sisón, la describió como "una violación de las normas legales internacionales y de la propia doctrina de ofensa política de Hernández del gobierno de Manila."
La ‘lista de terroristas’, firmada por el asesor de seguridad nacional, el general Hermogenes C. Esperon, Jr., el 21 de abril, pero que no se hizo pública hasta el 12 de mayo, incluía a miembros y asesores del panel de negociación del Frente Democrático Nacional de Filipinas que participa en las conversaciones de paz con el Gobierno de la República de Filipinas.
"Es totalmente erróneo tergiversar los actos de un movimiento revolucionario como un caso de delincuencia común", dijo el profesor Sison. Las normas jurídicas internacionales y la doctrina de Hernández "reconocen las raíces sociales de la rebelión, la nobleza de sus motivos y propósitos, y mantienen abierta la posibilidad de la resolución pacífica del conflicto armado", añadió.
El portavoz del PCF, Marco Valbuena, dijo que "el nombramiento arbitrario de conocidos consultores de paz y revolucionarios... es un acto de traición contra el FDNF y el proceso de paz". Subrayó que los que figuran en la lista son "todos los revolucionarios honorables que han estado valientemente al lado del pueblo y han luchado contra dictadores y tiranos".
El Centro Jurídico de Interés Público (CJIP), que ha estado prestando asistencia jurídica al FDNF, también condenó al gobierno de Duterte por la flagrante violación de los derechos de sus clientes, los que están detenidos injustamente y los que están siendo perseguidos injustamente por el régimen. La abogada Rachel Pastores, directora del CJIP, dijo que la mayoría de las personas incluidas en la lista están cubiertas por el Acuerdo Conjunto sobre Garantías de Seguridad e Inmunidad del FDNF y el GRP de 1995.
El ACGS proporciona inmunidad contra la vigilancia, el acoso, el registro, el arresto, la detención, la persecución, el interrogatorio o cualquier acción punitiva similar a quienes participan en las negociaciones de paz. La abogada Pastores afirmó que el arresto y la detención ilegal de los consultores del FDNF Vicente Ladlad, Rey Claro Casambre y Adelberto Silva violan la ACGS. Afirmó que otros de la lista, como el profesor Sison, Julieta de Lima, Rafael Baylosis, Benito Tiamzon y Wilma Austria Tiamzon, también están cubiertos por las garantías de la ACGS.
En 2018, un tribunal de primera instancia de Manila ya retiró los nombres de Baylosis, Casambre, Ladlad y Silva de una petición de proscripción presentada por el gobierno de Duterte, porque el tribunal no encontró ninguna prueba que los vinculara con organizaciones o actividades terroristas.
El profesor Sison añadió que "no les preocupa en absoluto" la ‘lista de terroristas’. "Nuestra principal preocupación es por los que están en Filipinas y son designados por la citada resolución y por muchos más que están marcados en rojo y son vulnerables a la violencia criminal del régimen".