El laudo dictado el 12 de julio de 2016 por el Tribunal Arbitral Internacional (IAT), que delimitó la zona económica exclusiva (ZEE) de Filipinas conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), constituye una victoria para las reivindicaciones filipinas de derechos marítimos en dicha ZEE, denominada propiamente mar de Filipinas Occidental y situada dentro del mar de China Meridional, al refutar las pretensiones de soberanía de China basadas en su denominada «línea de nueve trazos».

Así lo afirmó el CPP en un comunicado publicado el 12 de julio con motivo del décimo aniversario del laudo del IAT.

«El pueblo filipino dispone de una base sólida para hacer valer los derechos que le reconoce el laudo arbitral. El país debe mantener una intensa labor diplomática con China para explorar y promover todas las fórmulas de cooperación mutuamente aceptables que sean compatibles con el laudo», subrayó Marco Valbuena, responsable de información del CPP.

Sin embargo, el CPP sostuvo que el régimen de Marcos está desaprovechando el potencial del laudo arbitral para propiciar un diálogo pacífico y alcanzar acuerdos prácticos debido a su subordinación a los intereses imperialistas estadounidenses. En lugar de recurrir a la diplomacia, el régimen de Marcos ha agravado las tensiones regionales al permitir que el país se utilice como plataforma para los preparativos bélicos y las provocaciones de Estados Unidos.

«En contra de los intereses y la seguridad del pueblo filipino, el imperialismo estadounidense está explotando el laudo arbitral, en connivencia con sus lacayos de las instituciones militares y de defensa filipinas, para justificar una acumulación de fuerzas militares contra China», afirmó el CPP.

«En lugar de contribuir a la resolución pacífica de las disputas marítimas, el laudo arbitral se está poniendo al servicio de la estrategia estadounidense de “contención” del crecimiento de China. A instancias de Estados Unidos, Japón y otros aliados estadounidenses han manifestado su “apoyo” al laudo para justificar el envío de sus propias fuerzas militares, lo que incrementa las tensiones y dificulta aún más una solución pacífica de las disputas», añadió el CPP.

El CPP subrayó que el laudo arbitral se está presentando falsamente como si hubiera otorgado derechos territoriales a Filipinas sobre el Bajo de Masinloc (Scarborough Shoal), con el fin de justificar las «patrullas conjuntas» de buques guardacostas estadounidenses y filipinos en la zona, así como el refuerzo continuado de las fuerzas navales en el mar de China Meridional y el despliegue de tropas y misiles en Filipinas.

El CPP advirtió de que estas peligrosas maniobras forman parte de la «estrategia perniciosa» del imperialismo estadounidense y llamó al pueblo filipino a rechazar la pretensión de Estados Unidos de presentarse como amigo y aliado, cuando este país solo persigue sus intereses imperialistas: imponer su hegemonía y provocar la guerra para afirmar su supremacía.

En un hecho relacionado, la reciente afirmación de supuestos académicos chinos de que Batanes, la provincia más septentrional de Filipinas, pertenece a China por formar parte de Taiwán ha llevado a funcionarios del régimen de Marcos, en particular al secretario de Defensa Nacional, a apresurarse no solo a rechazar esta nueva y falsa reivindicación territorial china, sino también a utilizarla para justificar el aumento del presupuesto de defensa, la militarización y el despliegue de tropas y armamento estadounidenses en Batanes, concretamente en la base operativa avanzada de Mahatao, en la isla de Batan. Según Naval News, la ubicación de Mahatao en el estrecho de Luzón constituye «una de las mayores inversiones de Manila en defensa realizadas hasta la fecha en la provincia de Batanes». El mismo medio informó de que, desde el despliegue de una brigada de infantería de marina en la región en 2022, Filipinas ha aumentado el número de tropas desplegadas, los ejercicios militares y el acceso estadounidense a la estratégica cadena de islas.

Bajo el régimen de Marcos, Filipinas ha cedido su soberanía y sus derechos territoriales sobre miles de hectáreas ocupadas por bases y emplazamientos militares en todo el país. Oficialmente, estos se encuentran bajo el control de las reaccionarias Fuerzas Armadas de Filipinas, pero en la práctica son controlados y mantenidos por las fuerzas militares estadounidenses.