Organizaciones del movimiento nacional democrático de Filipinas y del extranjero conmemoraron el sexto aniversario de la fascista Ley Antiterrorista (ATA) mediante una serie de concentraciones y movilizaciones. Según informó Ang Bayan Ngayon el 5 de julio de 2026, la aplicación de la ATA y de su legislación gemela, la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo (TFPSA), se ha intensificado como mecanismo para reprimir la legítima resistencia popular.

Karapatan, una coalición de defensa de los derechos humanos, ha documentado recientemente que al menos 256 activistas, dirigentes de organizaciones de masas y ciudadanos corrientes han sido víctimas de ambas leyes «antiterroristas». A 222 de estas personas se les imputaron cargos fabricados. Los tribunales ya han desestimado 138 casos por falta de pruebas suficientes y de base constitucional.

Actualmente, 25 de las personas procesadas continúan detenidas. Entre ellas se encuentran la periodista Frenchie Mae Cumpio, los trabajadores de desarrollo comunitario Marielle Domequil y Emilio Gabales, y el trabajador eclesial Aldeem Yañez.

Desde la promulgación de la ATA, el fascista Consejo Antiterrorista (ATC) ha incluido arbitrariamente a 37 personas en su lista de «terroristas». Entre ellas figuran los dirigentes indígenas de la Cordillera People’s Alliance (CPA) Windel Bolinget, Sarah Alikes, Jennifer Awingan y Steve Tauli. Dos de las personas designadas, Norman Ortiz y Lee Sudario, son víctimas de desaparición forzada a manos del ejército. Entre las personas incluidas en la lista figuran también consultores de paz del Frente Nacional Democrático de Filipinas.

En 2025, la TFPSA también se empleó para presentar cargos fabricados contra seis activistas del Valle de Cagayán, conocidos como los «Seis del Valle de Cagayán», y contra miembros del personal de organizaciones no gubernamentales de Negros, como Paghidaet sa Kauswagan Development Group (PDG) Inc.

Cristina Palabay, secretaria general de Karapatan, declaró: «Durante años, la Ley Antiterrorista y la Ley de Prevención y Represión de la Financiación del Terrorismo han servido como armas jurídicas para justificar detenciones injustas, encarcelamientos prolongados, la congelación de cuentas bancarias y otras formas de represión política, poniendo en peligro los derechos y libertades fundamentales del pueblo».

«La administración de Marcos Jr. continúa utilizando estas leyes como armas para silenciar a sus críticos y reprimir la disidencia política legítima», añadió. «En lugar de afrontar las causas profundas de la crisis social, el Gobierno ha optado por ampliar la maquinaria represiva mediante leyes que castigan a quienes se organizan, alzan la voz y defienden los derechos del pueblo».

Por su parte, Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) señaló que la falaz doctrina de la «guerra contra el terrorismo», promovida por las Naciones Unidas y el imperialismo estadounidense, sirve de justificación a los sucesivos regímenes reaccionarios de Filipinas para reprimir la democracia.

El 3 de julio, Bayan, Karapatan y otros grupos progresistas se manifestaron frente al Departamento de Justicia (DOJ) de Manila para exigir la derogación de las «dos leyes antiterroristas». «Al tiempo que exigimos la abolición de estas leyes y condenamos las atrocidades cometidas por los regímenes de Duterte y Marcos respaldados por Estados Unidos, también responsabilizamos a instituciones internacionales como las Naciones Unidas, porque su Estrategia Global contra el Terrorismo se ha convertido en el manual de los dirigentes autoritarios para justificar sus políticas brutales y antidemocráticas». Se celebraron protestas similares en Baguio y Cebú.

En la Cámara de Representantes, los diputados del bloque Makabayan Antonio Tinio, de la lista electoral ACT Teachers, y Renee Co, de la lista Kabataan, presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley Antiterrorista de 2020.

Entretanto, en Nueva York, una protesta combativa de activistas filipino-estadounidenses encabezada por Bayan-USA, Malaya Movement USA e ICHRP-US se enfrentó a la delegación del régimen de Marcos, en la que participaban representantes del Grupo de Trabajo Nacional ELCAC y del ATC. Los funcionarios estatales asistieron a la Cuarta Semana de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, celebrada del 26 de junio al 2 de julio, para hacer alarde de su sangriento historial. En su intervención durante una sesión a puerta cerrada sobre el panorama mundial del terrorismo, apenas mencionaron los derechos humanos.