Dos figuras destacadas del clan Duterte sufrieron un doble revés en pocos días en abril de 2026, cuando la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Países Bajos) confirmó la competencia de la CPI sobre el caso de crímenes contra la humanidad contra el expresidente, mientras que la Comisión de Justicia de la Cámara Baja de Filipinas sacaba a la luz transacciones bancarias por valor de miles de millones de pesos de la vicepresidenta Sara Duterte, hija de Rodrigo, en el marco del proceso de destitución en su contra.

El bloque Makabayan de la Cámara Baja, compuesto por el diputado Antonio Tinio, de la lista del partido ACT Teachers; la diputada Renee Co, de la lista del partido Kabataan; y la diputada Sarah Elago, de la lista del partido Gabriela, afirmó que el «doble golpe» sufrido por los Duterte indica que se avecina la rendición de cuentas para ambos.

La Sala de Apelaciones de la CPI, integrada por cinco miembros, rechazó el recurso de la defensa para anular la competencia del tribunal sobre el caso de Duterte. Rodrigo Duterte fue acusado de tres cargos de asesinato como coautor indirecto de los homicidios cometidos en el marco de la «guerra contra las drogas» llevada a cabo durante su mandato como alcalde de la ciudad de Davao y, posteriormente, como presidente hasta marzo de 2019, cuando Filipinas se retiró de la CPI.

La abogada de derechos humanos María Sol Taule afirmó que la resolución de la CPI supone una gran victoria para las víctimas y que acercará la larga lucha de estas por la justicia a la rendición de cuentas.

La decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI allanó el camino para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI declarara al día siguiente la confirmación de los cargos contra Rodrigo Duterte. La Sala reiteró la conclusión anterior de que existen motivos fundados para creer que Duterte fue responsable de los crímenes de lesa humanidad de asesinato y tentativa de asesinato, cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, mientras Filipinas era miembro de la CPI.

En Filipinas, ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, diversas oficinas gubernamentales y particulares presentaron documentos y testimonios en los que se alegaba que la vicepresidenta poseía un patrimonio inexplicable y que no había revelado íntegramente sus activos en su Declaración de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto (SALN).

Karen Batu, de la División Central de Registros del Defensor del Pueblo, confirmó la declaración anterior del diputado Terry Ridon de que el patrimonio neto de Sara Duterte entre 2007 y 2024 aumentó un 1000 %, pasando de 7,2 millones de pesos a 88,51 millones de pesos.

Ronel Buenaventura, director ejecutivo del Consejo contra el Blanqueo de Capitales (AMLC), afirmó que se habían detectado 630 transacciones sujetas a control y 33 transacciones sospechosas, por un total de 6.770 millones de pesos, realizadas por la vicepresidenta y su familia. Aproximadamente 4.400 millones de pesos ingresaron en las cuentas, 1.500 millones de pesos se transfirieron al exterior y alrededor de 791 millones de pesos no pudieron clasificarse como entradas o salidas.

Buenaventura también confirmó que las 18 transacciones financieras seleccionadas al azar por la diputada Leila de Lima, del partido Mamamayang Liberal, a partir de los documentos facilitados por el exsenador Antonio Trillanes IV, coincidían con sus registros.

Si la moción de destitución se aprueba en la Cámara de Diputados, se remitirá al Senado para que se pronuncie al respecto.