La coalición progresista Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) denunció a Ferdinand Marcos Jr. por ampliar el alcance y la magnitud de las maniobras «Balikatan», que comenzaron el 20 de abril, en medio de los continuos actos de agresión de EE. UU. en Asia Occidental y de la crisis económica y energética que estos han provocado. La coalición afirmó que estas maniobras militares conjuntas reflejan la creciente intervención del ejército estadounidense y la política exterior servil del Gobierno de Marcos.

Balikatan 2026, la 41.ª edición de las maniobras bilaterales anuales entre Filipinas y Estados Unidos, es su mayor ejercicio militar conjunto. La viceportavoz de la minoría en la Cámara de Representantes y diputada del Partido de Mujeres Gabriela, Sarah Elago, criticó duramente al Gobierno de Marcos Jr.: «El Gobierno de Marcos Jr. actúa como si Estados Unidos no estuviera librando guerras y agravando las tensiones militares en el extranjero. Llevar a cabo el mayor Balikatan hasta la fecha, con más de 17. 000 soldados, no hace más que profundizar la alineación de Filipinas con estos conflictos y sitúa a nuestro pueblo en primera línea».

BAYAN prosiguió: «Es costoso, perturba a las comunidades locales y pone en peligro a la población al permitir de forma imprudente que tropas extranjeras utilicen nuestro territorio terrestre y marítimo como campo de maniobras bélico… No debemos permitir que los criminales de guerra y nuestros antiguos colonizadores preposicionen su material bélico y realicen maniobras en diversas partes del país para entrenar a sus tropas y probar sus armas. No se debe convertir a Filipinas en un campo de entrenamiento y una base de operaciones de EE. UU. para atacar a otras naciones».

KARAPATAN ha condenado el proyecto de construcción de una fábrica de municiones en Subic y Bataan Buenaventura también confirmó que las 18 transacciones financieras seleccionadas al azar por la diputada Leila de Lima, del partido Mamamayang Liberal, a partir de los documentos facilitados por el exsenador Antonio Trillanes IV, coincidían con sus registros.

Si la moción de destitución se aprueba en la Cámara de Diputados, se remitirá al Senado para que se pronuncie al respecto.El director de información del Partido Comunista de Filipinas (CPP), Marco Valbuena, declaró que «el hecho de que el régimen de Marcos permita la presencia de soldados japoneses en los ejercicios militares Salaknib y Balikatan constituye una traición flagrante a la historia y la soberanía del país. Su participación en maniobras militares por «invitación» del Estado títere es una bofetada a los millones de filipinos que fueron asesinados, torturados, oprimidos y explotados bajo la ocupación japonesa entre 1942 y 1945».

Además, la organización de derechos humanos (Filipinas), donde se cargarán, montarán y empaquetarán proyectiles de cañón de 30 milímetros para el ejército estadounidense y sus países aliados. A través de su «Alianza para la Resiliencia Industrial del Indo-Pacífico», en la que participan 16 países de la región de Asia-Pacífico, Estados Unidos planea externalizar la fabricación de motores de cohetes sólidos (utilizados para propulsar misiles guiados), así como de drones y municiones para su uso en sus guerras de agresión.

La construcción de una fábrica de municiones estadounidense en Filipinas convierte al régimen de Marcos Jr. en cómplice de los ataques criminales del régimen de Trump contra Estados que han mostrado independencia frente a las imposiciones imperialistas. También convertirá al país en blanco de ataques de represalia o preventivos por parte de los enemigos de EE. UU., y arrastrará irresponsablemente al pueblo filipino a un conflicto que no ha provocado.

Peor aún, es probable que las municiones que se fabricarán en Filipinas se utilicen también contra los propios filipinos en la brutal guerra de contrainsurgencia del régimen de Marcos Jr.

El Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ha criticado el compromiso del Gobierno filipino con la «Pax Silica», una iniciativa multinacional impulsada por la Administración de Comercio Internacional de EE. UU. y diseñada para garantizar las cadenas de suministro de minerales críticos, productos electrónicos avanzados y tecnologías estratégicas.

La protesta se centra en una zona de seguridad económica propuesta de 1.619 hectáreas dentro del Corredor Económico de Luzón, que, según el KMP, dará prioridad a las necesidades industriales extranjeras por encima de la seguridad alimentaria local y la seguridad medioambiental. El KMP considera que el proyecto es una medida que «integra al país en las cadenas de suministro lideradas por Estados Unidos» a expensas de la autonomía local.