El reciente veredicto de culpabilidad del Tribunal Internacional de los Pueblos contra el gobierno de Estados Unidos, Marcos Jr. y Duterte afirma el sentimiento genuino de las masas filipinas en lucha. El veredicto subraya las violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario (DIH) que continúan sin disminuir en el marco de las llamadas operaciones de "contrainsurgencia" en Filipinas.

La administración de Marcos Jr, al igual que la de Duterte, ha perpetuado una cultura de impunidad, empleando tácticas brutales dirigidas no sólo contra combatientes armados del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), sino también contra civiles, activistas, así como contra consultores desarmados y negociadores de paz del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP). Esta violencia sistemática es una clara violación del DIH, que ordena la protección de los civiles en tiempos de guerra y prohíbe la violencia indiscriminada contra las comunidades.

Las conclusiones del tribunal también ponen de relieve una pauta preocupante y cada vez peor de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, que se han convertido en el sello distintivo del actual gobierno de Marcos Jr. El terrorismo de Estado en Filipinas se ha transformado en una guerra más amplia contra la disidencia, que ha causado miles de muertes y violaciones generalizadas de los derechos humanos.

El papel del Gobierno estadounidense es inherente a estas violaciones. De hecho, Marcos Jr. ha heredado y, en muchos sentidos, ampliado este legado de Duterte con el apoyo tácito del gobierno de Biden para desplegar fuerzas militares y policiales en operaciones agresivas y campañas de bombardeos que a menudo causan víctimas civiles.

Un aspecto crítico de esta represión en curso de la resistencia del pueblo filipino son los recientemente concluidos juegos de guerra Balikatan, que sirvieron a Estados Unidos como herramienta para proyectar su poderío militar en la región Asia-Pacífico, particularmente en el contexto de las crecientes tensiones con China. Utilizando el marco de la "contrainsurgencia", estos juegos de guerra han facilitado y reforzado numerosas atrocidades y violaciones de los derechos humanos. A través de los ejercicios Balikatan, Estados Unidos ha proporcionado a las Fuerzas Armadas de Filipinas entrenamiento y equipos militares avanzados, que posteriormente se utilizan en operaciones que violan el DIH.

Por si los juegos de guerra Balikatan no fueran suficientes, el régimen de EEUU-Marcos Jr. está planeando de nuevo unos juegos de guerra aéreos entre la Fuerza Aérea Filipina (PAF) y la Fuerza Aérea de EEUU que está previsto que tengan lugar del 17 al 28 de junio en Pampanga y Pasay City.

La implicación de Estados Unidos en Filipinas va más allá de la cooperación militar. Incluye una importante ayuda económica y apoyo político, que han permitido a los sucesivos regímenes títere de Estados Unidos mantener sus políticas opresivas contra el pueblo filipino. Este apoyo, a pesar de enmarcarse como ayuda a los esfuerzos "antiterroristas" y a la seguridad nacional, ha facilitado las continuas violaciones del DIH. El veredicto del Tribunal Internacional de los Pueblos es una condena crítica de esta complicidad.

El veredicto del tribunal es un paso hacia la justicia, pero es sólo el principio. Poner fin al ciclo de violencia en Filipinas exige desmantelar las estructuras políticas, económicas y sociales que permiten estos abusos.