Más de cinco décadas después de la declaración de la ley marcial, el pueblo filipino vuelve a encontrarse en un escabroso momento de déjà vu. Desde desapariciones forzadas, rendiciones falsas y asesinatos políticos hasta corrupción generalizada en medio de crisis económicas y sociales, la historia parece repetirse.

La desaparición y posterior reaparición de dos activistas medioambientales, Jhed Tamano y Jonila Castro, puso claramente de manifiesto los insidiosos planes del NTF-Elcac (Grupo de Trabajo Nacional para Acabar con el Conflicto Armado Comunista Local). El desafío de Jhed y Jonila frente a la intimidación militar fue un duro golpe para la camarilla Marcos-Duterte y sus secuaces fascistas del NTF-Elcac y las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP).

En medio de la escalada de los precios de los productos básicos y los bajos salarios que asolan a las masas trabajadoras, el régimen de Marcos-Duterte roba sistemáticamente las arcas del pueblo a través de sus llamados "fondos confidenciales y de inteligencia". Interrogada sobre cómo adquirió y gastó 125 millones de pesos de fondos confidenciales, Sara Duterte recurrió a ataques ad hominem para eludir explicar cómo gastó esos millones de pesos del dinero del pueblo en sólo 11 días.

En lugar de malgastar miles de millones del dinero de los contribuyentes, el gobierno de Marcos podría abordar mejor la crisis económica mediante las importantes reformas esbozadas en el Acuerdo Global sobre Reformas Sociales y Económicas (CASER) del NDFP. Esta agenda sustantiva en las conversaciones de paz incluye las peticiones de una auténtica reforma agraria, la industrialización nacional y una política exterior independiente, entre otras. Pero, al igual que su padre, Marcos hijo no tiene ningún interés en seguir el camino de la paz abordando las raíces del conflicto armado. En su lugar, recurre a soluciones militares dirigidas y apoyadas por Estados Unidos, como muestra la nueva Política de Seguridad Nacional (NSP) de su administración, que sigue el modelo de la guía de contrainsurgencia estadounidense. 

Al igual que en la política exterior de su padre, Marcos Jr. demuestra su propensión a doblegarse ante los intereses imperialistas estadounidenses. En virtud del Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA) y del Acuerdo de Cooperación para la Defensa Reforzada (EDCA), está prevista la construcción de otras cuatro bases militares estadounidenses en suelo filipino, lo que reafirma el estatus del país como puesto de avanzada militar estadounidense en detrimento del pueblo filipino.

Recientemente, el Departamento de Educación (DepEd), bajo la dirección de Sara Duterte, hizo público un memorando en el que se ordenaba a las editoriales que eliminaran el nombre "Marcos" para referirse a la "Dictadura de Marcos" de los libros de texto escolares. El llamado memorando apesta a revisionismo histórico destinado a desodorizar la reputación de la familia Marcos y amenaza con borrar más de una década de abusos y atrocidades contra los derechos humanos durante el régimen fascista de Marcos padre.

De hecho, el terror de Estado continúa en sus múltiples formas. La represión fascista nos asola mientras vivimos bajo un estado de Ley Marcial no declarado y los persistentes intentos de rehabilitar la imagen de los Marcos. Las amplias masas de trabajadores, campesinos y el resto del pueblo filipino no tienen otra opción que librar una resistencia militante, incluida la lucha armada, para defender sus derechos y avanzar en sus aspiraciones de auténtica libertad nacional y democracia.