En medio de una agobiante escasez de arroz y la continua falta de un auténtico programa de reforma agraria, el gobierno de Marcos promulgó su "Nueva Ley de Emancipación Agraria" (por sus siglas en inglés. NAEA). Aclamada como el hito legislativo del régimen en materia de reforma agraria, la NAEA crea la ilusión de sustituir al fracasado Programa Integral de Reforma Agraria (CARP). En realidad, el NAEA se limita a continuar las políticas erróneas del CARP, incluida la no promulgación de la distribución gratuita de la tierra. El único consuelo que ofrece la nueva ley es su promesa de condonar las deudas de los agricultores, una antigua reivindicación de la clase campesina que debería haberse aplicado hace décadas, lo que asemeja la NAEA a "vino viejo en botella nueva".
Si bien la NAEA proporciona alivio a más de 600.000 ARB (Beneficiarios de la Reforma Agraria), la condonación de los préstamos agrarios no es ni una idea nueva ni una solución a la carencia generalizada de tierras bajo ningún concepto. En todo caso, la condonación de las deudas agrarias debería haberse hecho hace décadas, porque está claro que los ARB no pueden permitirse comprar las tierras que cultivan. Sólo un programa de distribución de tierras verdaderamente redistributivo y gratuito, coherente con la antigua reivindicación del Frente Nacional Democrático de Filipinas (NDFP), puede lograr la auténtica emancipación de la clase campesina filipina.
El NAEA no aborda los principales problemas que rodean al CARP, en particular la cuestión de la distribución real de tierras. El componente de adquisición de tierras del CARP expiró en 2014 y, desde entonces, el GRP ha dejado de adquirir tierras privadas para distribuirlas entre los agricultores beneficiarios. En su lugar, se ha centrado en sus atrasos y en la distribución de "tierras propiedad del Gobierno", que depende de la identificación voluntaria de los organismos gubernamentales del GRP. Hay que señalar, sin embargo, que las tierras agrícolas privadas no distribuidas constituyen el 92% de la superficie total que debería haberse distribuido en el marco del CARP.
El NAEA no subsana los defectos fatales del CARP en forma de lagunas que permiten la reconcentración de tierras a los grandes terratenientes. Esto, a su vez, ha permitido a las familias de terratenientes y a las empresas agroalimentarias conservar y recuperar el control de enormes extensiones de tierra que se han redistribuido a los labradores sin tierra "sobre el papel".
Para empeorar las cosas, el GRP ha facilitado el proceso de conversión de tierras reduciendo los requisitos documentales y acortando el proceso de seis a sólo un mes. Esto ha provocado la reducción progresiva de las principales tierras arroceras de regadío, uno de los principales factores de la actual crisis del arroz.
Además, la política de Marcos hijo de depender de la importación de arroz, en lugar de desarrollar la industria arrocera local, ha beneficiado principalmente a los compinches de Marcos en el negocio de la importación de cereales. La crisis del arroz se ve agravada por la conversión desenfrenada de los arrozales productivos y el fracaso del CARP a la hora de acabar con los monopolios de la tierra. En el gran esquema de los problemas agrarios que aquejan a los agricultores filipinos, la promesa de "emancipación" de la NAEA son palabras vacías que pretenden ocultar el monopolio continuado de la propiedad de la tierra en manos de la clase terrateniente en medio de la carencia generalizada de tierras de los campesinos.