La última semana de mayo se celebra la Semana Internacional de los Desaparecidos, un periodo importante para las familias que lloran la pérdida de seres queridos, pero que no tienen un cadáver que demuestre su muerte ni una tumba que indique dónde fueron enterrados.
La desaparición forzada sigue siendo una realidad en Filipinas, especialmente en el contexto del actual régimen fascista de Marcos hijo. Recordemos que el número de desaparecidos en el país alcanzó su punto álgido durante la dictadura de Marcos padre, cuando se denunció la desaparición de unos 2.300 civiles. Al menos 206 activistas desaparecieron forzosamente durante los nueve años de gobierno de Gloria Macapagal-Arroyo, 29 en tiempos de Benigno Aquino III y 20 bajo Rodrigo Duterte. Apenas ha transcurrido un año desde que Marcos Jr. se hizo fraudulentamente con el poder, y ya se ha denunciado la desaparición de al menos 21 personas, incluida la reciente desaparición de Rogelio Posadas, consultor del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP).
El mayor número de consultores del NDFP que fueron víctimas de desapariciones forzadas se registró durante el régimen estadounidense de Arroyo. Cuando el régimen puso fin a las negociaciones de paz, 11 consultores y sus acompañantes y familiares fueron secuestrados y dejaron de aparecer.
El secuestro violento y la desaparición forzada de miembros del movimiento revolucionario es una marca distintiva de los gobernantes fascistas. Es más que nada una herramienta de terror desatada por las fuerzas reaccionarias del Estado para sofocar la disidencia en medio de la crisis insoluble provocada por una sociedad semifeudal y semicolonial, y degenerada aún más por el régimen de Estados Unidos y Marcos.
En todas las desapariciones forzadas, los regímenes siempre niegan su implicación en el delito para negar a las víctimas la justicia, el debido proceso y los derechos que les corresponden. Estas violaciones se perpetran en el contexto de ataques más amplios contra civiles y sus comunidades, lo que se considera un crimen contra la humanidad.
Otras herramientas a disposición del Estado reaccionario son los asesinatos gratuitos, la intimidación y el acoso. Estos casos suelen ser consecuencia del abuso militar desenfrenado y del fascismo en zonas codiciadas por las grandes empresas y los proyectos neoliberales, como en el caso de Camarines Norte, donde las violaciones de los derechos humanos han aumentado recientemente debido a al menos tres proyectos de propiedad extranjera cuya construcción está prevista.
En muchos casos, sin embargo, los miembros del movimiento revolucionario son el principal objetivo, como demostró el asesinato del consultor, artista y poeta del NDF Ericson Acosta en diciembre del año pasado. Y a pesar de que Marcos Jr. afirma que su prioridad militar ha pasado a ser la defensa territorial, todas las pruebas apuntan al uso del poder armado del Estado contra el movimiento revolucionario.
Pero los que están en el poder olvidan que ninguna cantidad de violencia suprimirá el espíritu de lucha del pueblo filipino. Los carniceros sólo pueden matar, mutilar y secuestrar, pero la lucha revolucionaria sigue vibrando en los corazones de los oprimidos y explotados. Mientras persistan las condiciones objetivas de pobreza y explotación, la tierra fértil del cambio revolucionario está a nuestro alcance.