El 16 de enero, Merlita Gallardo relató la difícil situación de los cultivadores de cebollas de Bayambang, Pangasinan, en el norte de Luzón. Su marido se quitó la vida en 2021, después de que una plaga de gardama destruyera sus cosechas y les dejara enterrados en una deuda millonaria. Gallardo siguió plantando cebollas como antes, pero una serie de tormentas en 2022 destruyeron sus cultivos. Después de volver a plantar cebollas, llegó otro desafío, esta vez provocado por el hombre: la llegada de importaciones de cebollas baratas que hicieron bajar los precios en el mercado justo cuando empezaban la temporada de cosecha.
El caso de Gallardo es sólo una de las muchas historias similares de agricultores cebolleros llevados constantemente a la desesperación, ya que las importaciones agrícolas baratas destruyen el mercado agrícola local.
Al igual que en regímenes anteriores, Marcos Jr. como secretario del Departamento de Agricultura (DA), recurrió a la importación como solución a la crisis alimentaria. A principios de año, el DA permitió la importación de 21.060 toneladas métricas de cebolla en respuesta a unos precios que se disparaban por encima de la media mundial. Los agricultores suplicaron que se detuviera la importación, ya que perjudicaría sus ingresos, que ni siquiera alcanzan para cubrir los costes de producción. Pero sus súplicas cayeron en saco roto mientras Marcos Jr. emprendía su octavo viaje al extranjero en menos de 7 meses de presidencia, mientras el resto de las masas trabajadoras luchan contra unos precios insoportablemente altos.
La medida de importar más cebollas al mercado puso en entredicho el caso de la desaparición de 10.000 toneladas de cebollas supuestamente almacenadas en frío pero que no aparecían por ninguna parte, creando una escasez artificial que hizo que los precios de la cebolla se dispararan hasta un 1000% en enero. Estos son claros indicios de la connivencia entre el gobierno de Marcos Jr. y los cárteles agrícolas, que manipulan el precio de la cebolla y se benefician de la miseria de agricultores y consumidores.
Estos cárteles confabulados que fijan y distorsionan el precio de mercado de los productos agrícolas para crear una escasez artificial que, a su vez, les permite subir los precios. Esto hace que millones de consumidores no puedan permitirse comprar alimentos y empuja a más personas a la pobreza, al tiempo que crea las condiciones para que entren importaciones baratas como medio para frenar la inflación de los precios. A medida que los productos agrícolas altamente subvencionados entran en el mercado local, los productores nacionales de alimentos, en este caso los cultivadores de cebollas, se vuelven incapaces de competir con los productos extranjeros.
A esto hay que añadir el precio del azúcar, que sigue siendo muy alto, el de los huevos, que aumenta rápidamente, y el del petróleo, que no deja de subir. Mientras tanto, un informe reciente revela que las nueve personas más ricas del país tienen más dinero que 55 millones de filipinos, lo que hace que la desigualdad sea más pronunciada que nunca. La lucha contra la inflación, la desigualdad y la escasez de alimentos requiere nada menos que una auténtica reforma agraria y el apoyo del gobierno a los productores locales de alimentos.
El precio excesivamente inflado de la cebolla y otros productos básicos son un duro golpe para los consumidores, incluso mientras los cultivadores de cebolla acumulan deudas debido a sus pérdidas y se ahogan en sus propias lágrimas.