Vol. VIII, No. 10 - 15 Octubre 2026
Mientras las familias campesinas filipinas se esfuerzan por estirar sus ingresos para hacer frente al aumento de los precios de los alimentos, la electricidad, el transporte y otras necesidades básicas, Marcos Jr. encontró tiempo para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur el 12 de octubre de 2026. Para un presidente cuyo país se enfrenta a la subida de los precios, al debilitamiento del peso y a la amenaza inminente de un grave fenómeno de El Niño, este espectáculo de lujo pone de relieve el abismo que separa Malacañang de las dificultades cotidianas de las masas filipinas.
Esta contradicción también se refleja en el sistema económico y político que el régimen de Estados Unidos y Marcos pretende proteger. Aunque el Gobierno promete que las inversiones extranjeras traerán «prosperidad» y «puestos de trabajo», Filipinas sigue sumida en un sistema semicolonial y semifeudal caracterizado por el control monopolístico extranjero, el latifundismo y la dependencia de la exportación de materias primas y mano de obra barata. Este sistema perpetúa la falta de tierras, los bajos salarios, el desempleo y la pobreza generalizada, permitiendo que las empresas extranjeras y las élites gobernantes locales se beneficien de los recursos del país y del trabajo de su pueblo.
La contradicción resulta aún más evidente en la insistencia de Marcos en ceder 4.000 acres de terreno filipino (de forma gratuita) a EE. UU. para construir un centro de inteligencia artificial para «Pax Silica», una iniciativa liderada por EE. UU. destinada a garantizar las cadenas de suministro de semiconductores, inteligencia artificial y otras tecnologías estratégicas. Mientras que los funcionarios estadounidenses y el propio Marcos Jr. presentan esta iniciativa como una oportunidad para el desarrollo industrial, los agricultores que se desplazaron a Manila para exigir una reforma agraria y la protección de sus medios de vida se encontraron con la violencia policial.
En octubre, los grupos de campesinos que mantenían campamentos de protesta frente al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) y al Departamento de Reforma Agraria (DAR) se enfrentaron a la intervención policial para dispersarlos. El 16 de octubre, la policía desmanteló el campamento de los agricultores frente al DENR. El 19 de octubre, otra operación policial se dirigió contra su campamento frente al DAR, donde los agricultores exigían una auténtica reforma agraria y el fin del acaparamiento y la conversión de tierras.
En todo el campo está creciendo la resistencia contra los proyectos que se apropian de tierras agrícolas y territorios ancestrales en nombre del desarrollo. Desde el centro económico y de seguridad propuesto en Tarlac y los proyectos de infraestructura del Corredor Económico de Luzón hasta la minería, las plantaciones, los proyectos energéticos y los desarrollos turísticos, se están abriendo vastas áreas a los intereses corporativos. Los agricultores y los pueblos indígenas se enfrentan al desplazamiento de sus tierras, mientras que los pescadores corren el riesgo de perder el acceso a sus caladeros. La promoción de la «Pax Silica» por parte del régimen de Marcos debe considerarse dentro de este impulso más amplio por integrar al país en iniciativas estratégicas y comerciales lideradas por EE. UU., incluso cuando las demandas básicas de las comunidades rurales siguen sin resolverse.
Décadas de programas gubernamentales de reforma agraria no han logrado resolver el problema de la falta de tierras de los campesinos. Los agricultores siguen trabajando duramente en tierras que no les pertenecen, incluidos arrozales, campos de caña de azúcar, haciendas y plantaciones donde persiste la explotación por parte de los terratenientes. El trabajo agotador no garantiza un sustento digno. Los elevados costes de producción, los bajos precios de los productos agrícolas, la manipulación de los precios y las crecientes deudas con bancos y usureros mantienen a los agricultores en la pobreza. La conversión de tierras agrícolas para proyectos comerciales y de infraestructuras socava aún más la producción alimentaria, aumenta la dependencia de las importaciones y contribuye al aumento del coste del arroz, las hortalizas y otros productos básicos.
La amenaza de El Niño agrava aún más la situación. La sequía pone en peligro las cosechas, reduce los ingresos de los agricultores y ejerce una presión adicional sobre el suministro y los precios de los alimentos. Los agricultores necesitan sistemas de riego, insumos asequibles, seguros de cosechas, subvenciones y ayuda oportuna. Las comunidades rurales necesitan un acceso fiable al agua y protección frente a proyectos que socavan sus tierras y sus medios de vida. Sin embargo, la agenda de desarrollo del régimen, impulsada por la inversión, no ofrece ninguna alternativa a las reformas estructurales necesarias para garantizar que el país pueda alimentar a su población y proteger a sus productores agrícolas.
Filipinas no puede superar su pobreza y su subdesarrollo profundamente arraigados confiando en el capital extranjero para determinar el rumbo de su economía. Su estructura semicolonial y semifeudal perpetúa la dependencia de las exportaciones de materias primas, los productos manufacturados importados y el suministro de mano de obra barata a los mercados extranjeros. Los proyectos industriales que sirven principalmente a intereses externos no resolverán automáticamente estos problemas. Un desarrollo auténtico requiere transformar los cimientos económicos del país para que atiendan las necesidades de su población.
Una auténtica reforma agraria y la industrialización nacional son esenciales para esta transformación. La reforma agraria debe acabar con la concentración de la propiedad de la tierra, ponerla en manos de quienes la labran y proporcionar a los agricultores los recursos y el apoyo necesarios para mejorar la producción y el nivel de vida. La industrialización nacional debe desarrollar industrias nacionales que transformen los recursos del país, produzcan bienes esenciales, creen puestos de trabajo dignos y fortalezcan la economía nacional. En última instancia, la salida a la crisis semicolonial y semifeudal del país reside en la victoria de la revolución democrática nacional, principalmente a través de una guerra popular prolongada librada por el ejército popular en el campo.